A siete días de haber asumido, el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, popularmente conocido como Acuerdo de Escazú.

Si bien el trámite legislativo podría tardar algún tiempo, en paralelo, la Cepal convocó a la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) de este acuerdo internacional entre el 20 y 22 de abril, en su sede de Santiago. En esta reunión -presencial y online-, los representantes de los países discutirán las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluyendo las modalidades para la participación significativa del público; las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del Acuerdo y reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento de dicho tratado. Asimismo, se discutirán estrategias para una efectiva implementación del Acuerdo y se celebrará el aniversario de su entrada en vigor y el día internacional de la Madre Tierra.

Ante la importancia de este paso en materia de política internacional medioambiental de Chile, el director de la Escuela de Ingeniería Civil, Minas y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián (USS), José Miguel Arriaza, explica en detalle los alcances de este hito.

1. ¿Qué importancia tiene para el país la adhesión a este tratado?

Es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe, que tiene como objetivo garantizar el acceso de la ciudadanía a los temas medioambientales y a los derechos humanos dentro de esta temática. El acuerdo realza principios básicos, como asegurar una mayor información de manera rápida, confiable y segura frente a situaciones que vinculen o afecten al medio ambiente y los derechos humanos en el país.

Lo segundo es el acceso a la participación efectiva;  que, en temas de desarrollo medioambiental, la gente pueda expresar su opinión, frente a proyectos que les afecten directamente. Esto les permite garantizar su voz. El punto final es lograr acceso a la justicia ambiental, que efectivamente exista acceso a tribunales especializados en protección al medio ambiente frente a denuncias realizadas por el gobierno o la ciudadanía.

La diferencia entre la visión del gobierno actual con el anterior (que no lo firmó) es la forma de ver este acuerdo como una manera de subir un nivel más en todas estas instancias. En otras palabras, el gobierno está detrás del principio de no regresión. Cuando existen avances en acceso a información, derecho a la justicia ambiental, y derecho a la participación, permite que no haya un retroceso al quitar esos derechos, más bien que se mantengan y se fortalezcan.

2. ¿Cómo se comienza a realizar este primer y único pacto ambiental regional en la temática?

El tratado lleva su nombre por la ciudad de Costa Rica donde el tratado se adoptó en 2018, pero fue en 2012, en Río de Janeiro, cuando Chile y otros 10 gobiernos comenzaron las primeras conversaciones. Nuestro país, como uno de los países impulsores del acuerdo, también fue sede para las negociaciones. Los representantes de la región realizaron varias jornadas de discusión del tratado durante el 2014.

3. Ya son 24 países que lo han firmado y 12 naciones que lo han ratificado. ¿Cuál es la diferencia?

El acuerdo es firmado por los presidentes de cada país, y después tiene que ser ratificado por los respectivos parlamentos. Es super importante recordar que para que el acuerdo tenga efecto y comience a operar, se requeriría que al menos 11 países hayan ratificado el acuerdo.

Con 12 países que aprobaron sus artículos (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay), su apoyo permite que el acuerdo sea vinculante y esté operativo para aquellos países que han firmado y ratificado tienen la misión de implementar las medidas que permitan su operación.

4. Si Chile es uno de los impulsores del acuerdo ¿por qué no se firmó antes? 

El gobierno anterior señaló que no era necesario que el país se uniera al acuerdo, al existir las instancias que permitían, en cierta forma, los pilares del tratado. Lo que busca el acuerdo como principio básico, en Chile se cumplía. En nuestro país, tenemos sistemas de evaluación del impacto ambiental, participación ciudadana o el acceso a la información. Además, uno puede acceder a portales web, solicitar información por el sistema de transparencia activa del gobierno. Frente al tercer punto, existen tres tribunales ambientales para cada macrozona del país.

5. Con 24 países partícipes, ¿qué tan importante es la adhesión a nivel continental?

El acuerdo formaliza puntos claves en países que están más rezagados en protección al medio ambiente. En ese sentido, si bien es importante que Chile firme el acuerdo, al tener un piso podrá mejorar su desarrollo, que ha sido bastante bueno y ha evolucionado en el tiempo de manera importante. En otros países, la legislación ambiental todavía es muy incipiente y vulnerada. Por ejemplo, Colombia y su minería extractiva no cuenta con mucha fiscalización, o Perú presenta un deterioro de la selva amazónica, lo que se traduce en problemas con el respeto hacia los pueblos originarios.

Este acuerdo va a favorecer una homogeneidad en temas ambientales en América Latina y el Caribe. También va a fortalecer, a través de legislación, aquellos aspectos ambientales en países donde no es un tema trascendental, donde no se da la importancia como se da en Chile.

6. ¿Cómo ha impactado el tratado en los países que ya lo han ratificado?

Cada mecanismo lo define el mismo país. Aquí lo importante es que se creen portales webs públicos, donde la gente pueda acceder a la información de los proyectos de impacto ambiental, que puedan conocer cuáles son las empresas que están detrás del desarrollo de dichos proyectos y que tenga acceso efectivo a las evaluaciones ambientales.

También, formará más instancias de participación ciudadana temprana, es decir, antes que el proyecto se construya, en pleno proceso de diseño, con la voz de las comunidades. Ahí se genera una instancia de participación para construir el proyecto en conjunto con las comunidades, y que estas se vean beneficiadas, sin ver estos avances como un daño a su calidad de vida.

También el acuerdo impulsa que existan las entidades formales para denunciar y juzgar. En Latinoamérica, son pocos los países que cuentan con tribunales ambientales. Chile es uno de los pocos que cuenta con ellos, que se encargan de resolver específicamente estos temas.

7. Frente a proyectos ambientales que han afectado al país en el pasado, ¿el tratado puede interferir?

El acuerdo no es regresivo. Aquello que fue evaluado y desarrollado no se ve afectado. Sin embargo, lo que se hace es poner una presión a los nuevos proyectos, su nivel de desarrollo y cantidad de participación. Los jóvenes cada vez tienen más conciencia ambiental. Hoy tenemos en los programas escolares formalmente educación ambiental. Las nuevas generaciones están empoderadas, con mucho más conocimiento y exigen mayor participación, responsabilidad y acceso a la justicia ambiental.

8. Si Chile tiene un nivel destacado a nivel regional en tema ambiental, ¿cuáles son los desafíos que se plantean hacia el futuro próximo?

Chile tiene un avance importante, pero siempre hay espacios de mejora. En cuanto a acceso a la información, necesitamos fortalecer los procesos de entrega y sus tiempos de respuesta. Hoy, las instituciones se demoran mucho tiempo, incluso la prórroga puede afectar a procesos en curso. Se habla también sobre mayor participación ciudadana temprana. Hay que buscar que las comunidades no se enteren de proyectos cuando ya están ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino que involucrarlos en la discusión.

Por el lado de los tribunales ambientales, si bien son instituciones nuevas, tan solo tenemos tres repartidos en Antofagasta, Santiago y Valdivia. Los tribunales no dan abasto a la gran cantidad de denuncias que llegan, al encargarse de las macrozonas. Podríamos tener tribunales en cada una de las regiones, que permitan de alguna manera agilizar los procesos en la justicia ambiental.

9. ¿Chile alcanzará a adherirse al acuerdo antes de la próxima COP en noviembre próximo? 

Yo creo que todos los esfuerzos están puestos ahí. El gobierno ha presentado el proyecto de ley con suma urgencia para su discusión, y sería grandioso que llegáramos a esta nueva COP, que se realizará en Egipto, con el acuerdo de Escazú en pleno funcionamiento. Eso nos posiciona a nivel regional como un país líder en los temas ambientales. Sin duda, todos los otros países miembros tienen mucho que aprender de nosotros, de nuestra historia en el desarrollo ambiental, institucional y el acceso a la justicia ambiental. 

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