El escándalo PENTA-CAVAL-SQM ha remecido a Chile. No lo comentaré, por repetitivo, salvo declarar la inaceptabilidad de los arreglines, y la necesidad de generar nuevas legislaciones. Todos estamos a la espera de lo que la Comisión Engel tenga para decirnos.

Lo que ha ocurrido es el "destape de una olla", que contiene adentro mucho más basura que la mera falta de probidad electoral y tributaria de las elites político-empresariales. En una columna anterior, denominada La Corrosión Moral en Chile, procuré sincerar nuestra realidad de creciente des-honestidad, des-confianza, des-encanto y des-prolijidad, que se expresa crecientemente a todo nivel de la sociedad.

Es un fenómeno sistémico, en que un asustante y poco ético individualismo lleva a muchos empresarios, funcionarios, profesionales y empleados de clase alta, media y baja a cometer todo tipo de desmanes, con la excusa del "shhiii, huéon, si ellos lo hacen ¿por qué yo no?"... "¿pa qué tengo que perder tiempo en hacer bien la pega?". Como en el tango Cambalache: El que no llora no mama y el que no afana es un gil.

La perniciosa pitutocracia
Uno dimensión poco explorada de la deshonestidad es la pitutocracia pública. "Tenemos que contratar a Juan, amigo de confianza política, de la fracción X del partido Y, que colaboró en la campaña de Z". Da igual si Juan es un sociólogo para el cargo de jefe de informática (caso real). En muchas dependencias públicas y municipios los repagos de favores y la tupida red de lealtades mal entendidas prima por sobre la importancia de que el servicio público agregue valor a los ciudadanos.

Si se cometen "condoros" que cuestan US$ 10 millones no importa, si el puente del Cau-Cau no funciona, o si el proyecto de ley sale mal redactado tampoco. Si la escuela des-educa a sus alumnos tampoco, si el director de administración y finanzas de un municipio que maneja US$20 millones de subvenciones no sabe planilla Excel tampoco (caso real).

La pitutocracia es una falta de ética y honestidad que a la postre le hace más daño a la ciudadanía que pasar una boleta ideológicamente falsa de 4 millones de pesos... aunque la contratación se ejecute legalmente.

Las oleadas de recambios inaceptables de funcionarios – tropelías cometidas con mayor o menor gusto por ambas coaliciones – lo han demostrado así, con o sin cargos de Alta Dirección. Muchas reparticiones públicas repletas de "asesores". Lo de menos sería el dispendio salarial. Lo de más es el desorden generado, la ineptitud, las descoordinaciones, el retraso de proyectos. De la deshonestidad de la pitutocracia a las licitaciones truchas hay un paso muy pequeño. La pitutocracia abre las compuertas a males peores. Todo vale cuando se rompe el dique.

No se trata de que los cargos apitutados estén o no en el sistema de ADP. Lo que la clase política se niega a entender, es que la ley de ADP obliga a hacer... lo que habría que hacer de todas maneras, como principio elemental de buena gestión, en cualquier organización, con todos los cargos. Seleccionar a los mejores, a todo nivel.

Nadie duda que un cargo de Ministro o de Subsecretario deba ser de confianza política. Pero nadie me va a convencer que un Director de la Tesorería, de Impuestos Internos, del Servicio Agrícola Ganadero, de la CENABAST, la JUNAEB, un Servicio de Salud, SERNAGEOMIN o un hospital, deban ser de "confianza política". Estos entes ejecutan políticas públicas, no las diseñan. La única razón para que sean de confianza "política" es... para meter más amigachos de "confianza política" dentro de sus organizaciones.

Muy diferente sería que uno de esos directivos se niegue a implementar las políticas públicas que define el gobierno de turno. Por algo somos una democracia. En ese caso, obviamente se tiene que ir con viento fresco. Por eso es que estos cargos han sido y deben ser removibles.

Pero más grave aún es que un nuevo gobierno llegue con retroexcavadora a barrerlos a todos, no porque se nieguen a seguir las nuevas políticas públicas, sino porque hay que abrirle espacio a la pitutocracia. Eso es de país bananero, con respeto por las bananas.

Blindar la Alta Dirección Pública es prioritario

Hay quienes dicen que la ADP es un tongo, y que por ello hay que cerrarla. Sería el más grave error posible, un franco retroceso. Otros, más modestamente, dicen que hay que achicarla... para dejarle algún espacio adicional a la pitutocracia, que más no sea. Yo sostengo que hay que agrandarla, y que en Chile debiéramos pasar de mil a no menos de 3 mil cargos concursables por ADP.

Con los problemas por todos conocidos, el Sistema ha sido sin duda un avance. A la gente le cuesta entender que en los cargos así definidos, se logró al menos poner una barrera mínima, al definir el Consejo el perfil profesional de los diferentes cargos, requisito indispensable. Eso impide las prácticas anteriores más grotescas, como era poner en esos cargos gente apitutada sin siquiera la formación o competencias mínimas indispensables. Hoy, esos no pasan el primer filtro.

También hay que entender que para llenar estos mil cargos han concursado aproximadamente 100 mil personas, lo cual deja automáticamente 99 mil "viudos y viudas" del sistema. Muchos expresan la comprensible reacción de decir que el sistema está viciado. Y eso contribuye injustamente a su desprestigio.

Hay quienes dicen que la ADP "es muy cara". Ni de chiste. Cuesta aproximadamente lo mismo que los procesos de selección en el sector privado. ¿Serán tontos acaso los empresarios para derrochar esa plata? Todo el sistema de ADP se paga con evitar sólo un "condoro" como el del puente del Cau-Cau, o la desprolija zonificación de las áreas inundables de Chañaral.

Lo que encarece a la ADP no son los procesos de selección, sino el inaceptable hecho de que el período promedio de duración en los cargos es 2.2 años. Las retroexcavadoras funcionan no sólo en los cambios de gobierno, sino también en los cambios ministeriales ¿Conoce Ud. alguna institución, pública o privada, que alcance a mejorar su gestión si su máximo directivo es rotado cada dos años, trayendo el nuevo a su propia corte de apitutados?

No podemos dejar pasar esta gran oportunidad política para blindar ahora el sistema de Alta Dirección Pública, cuestión que sucesivos Consejos de ADP han (hemos) venido intentando desde 2009 en adelante proponiendo proyectos de ley que los gobiernos no han tomado en cuenta.

Los tres mayores déficit del Sistema están muy claros y deben corregirse: a) los cargos provisionales transitorios, de los cual han abusado ambas coaliciones en su momento, espantan a los mejores candidatos y esta figura debe desaparecer; b) la remoción indiscriminada y sin explicaciones de los que están ocupando los cargos, requiere mayores barreras al despido arbitrario; c) la poca independencia del Consejo de Alta Dirección Pública, cuyo Presidente es por ley un funcionario del gobierno de turno. En cambio, el Consejo de Transparencia es completamente autónomo y designa a su Secretario Ejecutivo, lo cual le da un peso político mucho mayor, y capacidad para golpear la mesa.

Sugerencias adicionales

Ojalá el flamante nuevo Contralor o Contralora comience por indagar la transparencia y efectividad de los procesos de contratación de personal del sector público, no solo ADP, revisando aleatoriamente la idoneidad de las personas para los cargos.

La segunda: obligar a una concursabilidad más amplia, más pública y transparente de todos los cargos, con perfiles claros, a todo nivel, en servicios centrales pero también en municipios y gobiernos regionales.

Si lo único que resulta de este proceso de salida de la crisis es un conjunto de leyes de financiamiento electoral y transparencia, sólo habremos rasguñado vidrio. No hay probidad ni reforma del estado con pitutocracia.