El reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero tras haber solicitado licencias médicas entre 2023 y 2024, causó revuelo a lo largo del país. En respuesta a ello, la Encuesta Chile Nos Habla, de la Universidad San Sebastián, midió la opinión de la ciudadanía con respecto a este caso. Para el 96,8% está muy mal o mal esta práctica, al 2,8% le es indiferente y solo un 0,4% cree que está bien.

 

Al preguntar por las acciones de corto plazo que se debiesen tomar si se comprueban casos de mal uso de licencias, la encuesta, liderada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS, en colaboración con el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Facultad de Medicina muestra que un 69,9% declaró exigir el reembolso del pago de dichas licencias a los funcionarios que viajaron al extranjero; el 64,2% cree que se debe desvincular a esos funcionarios.

 

Entre otras acciones, casi la mitad (44,9%), se inclina por investigar a los profesionales de la salud que emiten estas licencias, un 41,7% que se tomen acciones legales contra los funcionarios públicos que hicieron uso fraudulento de las licencias y, finalmente, un 40,9% que se instruyan sumarios administrativos.

“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez de las arcas fiscales, con un déficit severo de las cuentas públicas, duele constatar que este fraude, corroborado por Contraloría General de la República, se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos, cuyos recursos tienen un costo alternativo alto y dejan d destinarse a materias urgentes para la ciudadanía, como seguridad, listas de espera en salud, y empleo.”, señala Alejandro Weber, Decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS. “La solución al problema debe separarse en dos partes. Por un lado, sancionar conforme a derecho a quienes incurrieron en el ilícito y, por otra parte, es una oportunidad inmejorable para legislar y modificar el régimen de empleo público, anacrónico e ineficaz, que hoy se está transformando en una barrera para que el Estado gaste mejor los recursos de todos los chilenos”, agrega Weber.

 

“Las personas aciertan en indicar que urge aumentar la fiscalización para evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden, como para quienes las emiten”, explicó el Dr. Jorge Acosta, director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS).

 

En relación con las posibles causas que pueden haber desembocado en esta situación, un 71,6% indica que se debe a la falta de consecuencias para quienes solicitan estas licencias y, al mismo tiempo, un 63,9% afirma que se explica por la falta de consecuencias para quienes las emiten, seguido de un 39,7 para aquellos que consideran que se debe a una falta de control por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

 

“Comparando con experiencias internacionales, destaca la necesidad de evaluar el disminuir gradualmente el porcentaje del subsidio a lo largo de la licencia (para incentivar  la  reincorporación  temprana),  revisar  la  temporalidad  de  la

incapacidad cuando es muy extensa (6 meses) para empalmar con pensiones de invalidez, y evaluar la participación de los empleadores en parte del financiamiento de la ausencia”, señaló el director ejecutivo del IPSUSS.

 

Ante la pregunta sobre qué cree que pasará finalmente con los funcionarios públicos que viajaron estanco con licencia médica, el 58,4% indica que no pasará nada, un 30% cree que se tomarán medidas leves y sólo 11% cree que se tomarán medidas importantes para que no se repitan casos como este.

 

Revisa los resultados de la Encuesta Chile Nos Habla sobre Licencias Médicas.