El martes 10 de octubre, el Comité Técnico de Expertos mandatado por la Comisión de Salud del Senado, entregó el correspondiente informe final luego de tres meses de trabajo. Este grupo de trabajo buscaba, entre otros aspectos, definir  las condiciones que  permitieran darle sostenibilidad al sistema en el corto plazo y resguardar las coberturas de salud de sus afiliados tras los fallos de la Corte Suprema. El documento técnico presentó una serie de recomendaciones a los parlamentarios de la Comisión para que en el marco de la ley corta de Isapres, se establecieran las respectivas indicaciones por parte del Gobierno.

Indicaciones del Ejecutivo

FONASA, las Isapres y el Consejo Consultivo. De acuerdo con lo explicado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, las indicaciones presentadas se concentran en estas tres materias, señalando que no fue incluido -en relación al informe técnico de los expertos-, “todo lo relativo al cálculo de la deuda, la mutualización del gasto y el hecho que se extinguía la deuda cuando una persona se cambiaba a otra Isapre o a Fonasa”.

Siendo el concepto de mutualización uno de los ejes principales de la propuesta elaborada por el Comité Técnico, y tras no ser considerada por el Gobierno dentro de las indicaciones entregadas a la ley corta, diferentes expertos han manifestado su preocupación por la falta de esta recomendación que buscaba -en el sistema de isapres- la existencia de subsidios cruzados, es decir, la implementación de un mecanismo de riesgo que pretende compensar a quienes son más riesgosos con quienes son menos riesgosos.

Para Patricio Fernández, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y ex Superintendente de Salud, la tramitación del proyecto de ley enfrenta un escenario complejo a partir de las indicaciones que no recogió el Gobierno desde el texto del Comité Técnico. “Es un informe que se generó a partir de un consenso de los distintos sectores que buscaba la estabilidad del sistema de Isapres y, a su vez, del cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema, tanto de la tabla de factores como de la prima GES. Y lo complejo, es que el Gobierno, de cierta forma, desconoce la validez de ese informe técnico y presenta unas indicaciones que se alejan de su contenido”.

Por su parte, Enrique Paris, presidente del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, destaca la transversalidad en la composición del equipo técnico asesor, señalando que “hay que recordar que en este grupo de expertos participó el propio Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Hacienda, es decir, representantes del Gobierno. También el Centro de Estudios Espacio Público, la FEN de la Universidad de Chile y la Asociación de Isapres. El informe fue aprobado por unanimidad por sus integrantes pero cuando llega al Ejecutivo, este se modifica y se envían indicaciones que desestiman la opinión de los técnicos”.

Mutualización: El foco de la discusión

Desde el punto de vista técnico, el análisis de Paris y Fernández se centra en una de las propuestas emitidas por el Comité de Expertos pero que no fue considerada por el Ejecutivo en la entrega de las indicaciones a la llamada ley corta de Isapres. “Se elimina un aspecto muy relevante de ese informe que decía relación con la mutualización. Esto era algo que de cierta forma permitía recuperar la lógica de los seguros haciendo responsable y solidario a la totalidad de la cartera y no solamente considerar el caso a caso, cómo pretende el Gobierno”, sostiene Fernández

La llamada mutualización, una de las propuesta entregada por los expertos, es un mecanismo que busca compensar a las personas más riesgosas con las menos riesgosas, proponiendo que para hacer el cálculo de los cobros en exceso, se tomen en consideración los efectos que habría tenido el uso de la mutualización en el total de la cartera, y no los efectos sobre los usuarios individuales.

“Esto permite evitar que la gente con más necesidades no pueda cubrir sus problemas de salud, y que las personas con menos necesidades contribuyan al sistema. Eso se llama solidaridad y el Gobierno no lo propone. Una forma de lograr destruir el sistema de isapres es el no querer esta solidaridad”, explica Paris.

Desde el Gobierno explicaron la no incorporación de este concepto. Para el ministro de Justicia, Luis Cordero, “el Ejecutivo, considerando el informe de los expertos, ha excluido la mutualización como se ha recomendado, y la razón es estrictamente jurídica. Tal como señala el fallo principal en el caso de tabla de factores, como también aprovechó de recordar la Corte Suprema en la resolución del 5 de octubre de este año, donde se amplió el plazo para cumplir con la sentencia, la Corte recordó que existen obligaciones con los usuarios, a los cuales beneficiaría la sentencia, y en consecuencia, los efectos de mutualización podrían provocar el incumplimiento de la sentencia”.

“Sobre el argumento que dio el ministro Cordero, en relación a que la mutualización tendría alguna falta de sustento jurídico, hay muchos quienes no compartimos eso. Creemos que los fallos hay que considerarlos con un análisis sistémico y también considerando las consecuencias de esto”, explica Fernandez.

Esto debido a que tras el ingreso de las indicaciones al Parlamento por parte del Ejecutivo, la deuda de las isapres con sus afiliados se sitúa en un monto cercano a los US$1.000 millones, es decir, más del doble que los US$451 millones que había propuesto el Comité de Expertos.

Sobre este punto, el ex ministro de Salud Enrique Paris, advierte que el monto indicado por el Ejecutivo “pone en peligro el funcionamiento de las isapres, de las clínicas privadas y de los centros de salud. Produciría pérdidas de empleo entre los funcionarios de salud y equipos administrativos. Y otro aspecto preocupante serían las eventuales alzas en los planes de las Isapres para buscar un equilibrio financiero lo que produciría una gran fuga de afiliados desde el sector privado hacia Fonasa, sistema que actualmente se encuentra colapsado y con una gran deuda financiera con los prestadores privados”.

¿Cómo avanzará la ley corta de Isapres?

Los senadores integrantes de la Comisión de Salud establecieron la revisión del documento a contar de este lunes 13 de noviembre. Tras este proceso, se planea comenzar la votación en particular del proyecto de ley durante noviembre para luego pasar el texto a Sala.

“Los tiempos legislativos no van a dar probablemente para que este proyecto se transforme en ley antes de mayo o junio del próximo año. Y hay que ver si es que el Gobierno finalmente está con el ánimo de solucionar esto y sentarse a hacer nuevas indicaciones y nuevas modificaciones”, señala Patricio Fernández.

“Creemos que tal como están las indicaciones de la ley corta, no van a ser viables, hay que considerar también que el Gobierno tiene minoría en el Senado, por lo tanto, tiene que sentarse a negociar con todas las partes, cosa que ya no hizo”, agrega.

Según el análisis del presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS, el  Congreso debe buscar los mecanismos para mejorar el proyecto de ley que permita mantener viable el sistema mixto de aseguramiento y evitar mayores consecuencias en los prestadores privados que afectarian fuertemente a los pacientes y sus necesidades. 

“Si se aprueba la ley corta de isapres de la manera en que está planteada hoy, pueden quebrar no sólo clínicas grandes sino también clínicas pequeñas que viven de los bonos. El efecto dominó que se puede producir dejaría una alta cesantía en salud y una alta incertidumbre en la población, que valora altamente la provisión mixta. Nuestro sistema de salud, hoy más que nunca, debe ser capaz de entregar solución a lo que la ciudadanía demanda: mayor acceso, más oportunidad, mantener la libertad de elección tanto sistema asegurador como prestador y la solidaridad. El Gobierno debe entender la envergadura del impacto sanitario y sus consecuencias que afectaría a millones de personas”, cerró Enrique Paris.