La Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) convocó a una paralización de actividades en la atención primaria debido a que el Ministerio de Salud (Minsal) aún no da respuesta a os compromisos acordados por ambas partes en torno al financiamiento de la atención primaria municipal.
La Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2016, que por primera vez se realizó en forma presencial a 2.170 personas de 111 comunas urbanas de las 15 regiones del país, reveló que el 43,2% de los chilenos cree que el estado general del entorno es “malo” o “pésimo”, un 39,8% que es “regular” y solo un 17% señala que es “bueno” o “excelente”. La zona metropolitana es la que concentra el nivel más alto de reprobación: un 65% dice que es malo o pésimo. El estudio, encargado por el Ministerio del Medio Ambiente, también informa que al evaluar los aspectos que componen el medioambiente (calidad del aire, estado de la flora y fauna; calidad de ríos, lagos y el mar, y la calidad de parques y plazas), los encuestados señalaron que lo más malo o pésimo es el esmog (45,8%), seguido por la calidad de las aguas (40,6%); el porcentaje de lo más bueno o excelente se lo llevaron las áreas verdes (36%).
Al menos $ 72 mil millones necesitaría Isapre Masvida para seguir operando, según las estimaciones hechas por el fondo de inversión Southern Cross (SC), con base en las cifras a las que pudo acceder en marzo previa autorización del interventor, Robert Rivas. El dato forma parte de la escenario proyectado por los expertos de SC considerando la situación actual de la empresa tras el análisis de las cifras contables 2014, 2015 y 2016, de las cuales EY, la anterior auditora de EMV, retiró la firma y que hoy están en un nuevo proceso de auditoría en manos de Deloitte. Esta incluye una deuda cercana a los $135 mil millones, que abarcan unos $ 100 mil millones en cuentas por pagar, unos $ 20 mil millones en excesos y excedentes de cotizaciones que estarían siendo retenidos por la isapre, y más de $ 10 mil millones en sub declaraciones del IVA, por cotizaciones sobre el 7%, más intereses del orden de 18 anual.
Al menos seis meses se retrasará la implementación de la nueva norma para la asignación de campos clínicos que trabaja el Ministerio de Salud -y que regiría originalmente desde julio próximo de forma gradual-, luego de que el gobierno determinara que se requiere de una revisión “más profunda”. Desde 2014 el gobierno está trabajando una nueva regulación para la asignación de campos clínicos, es decir, hospitales y consultorios que son usados por las universidades que imparten la carrera de Medicina para la formación de los alumnos. La iniciativa propone erradicar la transacción económica en la relación docente-asistencial, pues el actual sistema permite que en algunos convenios entre universidades y hospitales las retribuciones financieras sean sobre un valor por alumno, fijado en unidades de fomento (UF). Ahora, la propuesta, que el lunes terminó su consulta pública, busca centrarse en la calidad, alineando las necesidad del país en materia sanitaria con los programas educativos.
Hasta julio y diciembre de este año, en algunos casos, las Seremis de Salud del país están extendiendo los permisos a los médicos que no aprobaron el Examen Unico Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) y que tenían plazo hasta el pasado 14 de febrero para regularizar su situación o, en caso contrario, salir del sistema. Esto, bajo la Ley Miscelánea dictada en 2014, que entregó dos años a 1.112 profesionales -881 contratados en consultorios- para que aprobaran el Eunacom, que les permite trabajar en la red pública. Vencido el plazo, 277 médicos no superaron la prueba y fueron notificados para dejar sus cargos en febrero. Sin embargo, se permitió extender su salida hasta marzo y abril, a la espera de los refuerzos del Ministerio de Salud, que está redestinando a los médicos en Etapa de Destinación y Formación de su especialidad (EDF) a la comunas más afectadas por el éxodo de médicos. No es ésta, sin embargo, la única prórroga. Ahora se suma la extensión de los contratos de los mismos médicos mandatados a salir del sistema -por plazos que van de tres a ocho meses-, ante el déficit de profesionales y las dificultades de contratación que acusan los alcaldes.
En 2016 se registraron un total de 973.925 licencias médicas, considerando la suma de permisos de las grandes isapres del sistema privado de salud, a excepción de Cruz Blanca. Lo anterior implicó un alza de 5,2%, mientras que en cuatro años los permisos en el sistema aumentaron un tercio. Por isapre, Consalud -vinculada a Inversiones La Construcción (ILC), de la Cámara Chilena de la Construcción- registró un total de 300.277 licencias médicas; los permisos en Banmédica ascendieron a 299.668; en Masvida llegaron a 279.032; los de Colmena a 49.153 y en el caso de Vida Tres, cerraron 2016 con una cantidad de 45.795. El aumento de patologías como el estrés y la depresión en el país se ha traducido en un incremento de permisos laborales por enfermedades psiquiátricas. De hecho, en el caso de tres de las cinco mayores isapres que entregaron sus cifras -Consalud, Colmena y Masvida- las licencias por trastornos mentales lideran el ranking . En tanto, en el caso de Banmédica y Vida Tres, las enfermedades respiratorias son las que acumulan el mayor número de permisos, seguidas por las psiquiátricas.
Este viernes la Superintendencia de Salud anunció qué isapres aplicarán alzas en sus planes de salud a partir del mes de julio. Éstas son isapres Cruz Blanca 7,6%; Colmena 6,7% y Consalud de 5,9%, lo que significa que 1 millón 600 mil cotizantes privados verán incrementado el valor de sus planes. En tanto, Banmédica, Vida Tres y Masvida y óptima no adecuaron sus planes.
El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, anunció que el "corralito" que mantiene a los 507.000 afiliados de la isapre Masvida desde inicios de marzo se extenderá hasta el 30 de abril y que éstos serán traspasados a Óptima. La autoridad explicó las razones de esta medida y cuál es el plan definido para salvar a la aseguradora de la crisis financiera en la que se encuentra desde fines de 2015, con deudas por más de $100 mil millones.
Cerca de $50 mil millones en utilidades obtuvieron seis de las siete isapres abiertas durante 2016, según la información que reportaron las aseguradoras a la Superintendencia de Salud. La cifra global excluye a la isapre Masvida, cuyos informes han sido cuestionados por la autoridad y están siendo revisados tanto por el organismo como por el Ministerio Público. La isapre que generó mayores utilidades durante 2016 fue Cruz Blanca con $11.952 millones, es decir, 215,9% más que el año anterior. A continuación le sigue Banmédica con $11.183 millones (10,2%), Colmena con $9.668 millones (33,1%) y Vida Tres con 9.564 millones, un 26,3% más que en 2015. Finalmente, las isapres Consalud y Óptima fueron las que generaron menos utilidades con $5.568 millones (190,2% más) y $2.267 millones (151,2%), respectivamente.
El presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Felipe Delpín, dijo que se solicitará al Ministerio de Salud recursos para costear la realización del examen para estreptococo B a todas las embarazadas que se atienden en los consultorios. “Esto tiene que ser una política de Estado y el financiamiento debe venir de ahí. A nosotros nos generaría un problema, porque ya enfrentamos un déficit importante. En la próxima reunión que tenemos con el Minsal será un tema que pondremos sobre la mesa”, sostuvo el edil. Actualmente, el examen es obligatorio y gratuito sólo para embarazadas que se atienden en hospitales y que presenten riesgos de infecciones entre las semanas 35 y 37. Sin embargo, la semana pasada, Salud admitió que en 14 recintos de alta complejidad el examen no se estaba realizando e instruyó reponerlo.
A cuatro meses de finalizado el paro del sector público de 2016, que obligó a suspender 52.475 atenciones médicas entre cirugías y consultas de especialidad, a la fecha se ha recuperado el 64% de ellas, es decir 33.671, quedando aún por resolver otras 18.804 atenciones que corresponden al 36%. Tras la movilización de funcionarios públicos que demandaban un reajuste salarial superior al 3,2%, ocurrida entre el 26 de octubre y 16 de noviembre pasado, el Ministerio de Salud (Minsal) creó un Plan de Recuperación de la actividad perdida, que buscaba reagendar las horas y reactivarlas en un plazo no mayor a cuatro meses. Sin embargo, a la fecha aún restan por retomar casi un tercio de dichas atenciones.
La Encuesta Casen 2015 referida a educación mostró que sólo la mitad de los niños menores de 5 años asiste a educación preescolar: kinder y jardín infantil. De ellos, el 70,9% son de entre 0 y 3 años, y el 9,9% tiene entre 4 y 5 años. Así lo dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social. En 1990, el 84,1% de los niños no iba a la educación preescolar.
La consultora Altura Management proyectó en un estudio que este año el número de recursos de protección contra las isapres por alza de planes superará los 200 mil, considerando que todas las isapres decidan subir sus planes para el período julio 2017-junio 2018, lo que deberá ser informado a la Superintendencia de Salud el próximo 31 de marzo. Ello implicaría un aumento de 10% respecto del año pasado. Por isapre, los recursos de protección contra Vida Tres serían los que más subirían (244%) respecto de los que se exhibieron en 2016, seguida de Banmédica (178%). En tanto, los de Cruz Blanca aumentarían 16,5% y los de Consalud 1,2%. En tanto, los de Masvida caerían 19,2% y los de Colmena retrocederían en 10,9%.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, al ser consultada sobre la opción de que en este gobierno haya una nueva Ley de Isapres, aseguro que "quisiéramos que se considere para el próximo gobierno una reforma de salud, y que incluya todos estos elementos, porque ya pasaron 10 años de la reforma que aplicó las Garantías Explícitas en Salud (AUGE), con todas las mejoras, pero el mundo está cambiando, la tecnología ha avanzado y tal vez tenemos que mirar de otra manera la labor solidaria. Cómo vamos a trabajar con el envejecimiento poblacional, con los medicamentos de alto costo, con las enfermedades raras, con los trasplantes, con todas las exigencias que en este momento involucran gran inversión en el ámbito de la salud y que muchas familias no pueden abordar por la vía del gasto propio".
Una encuesta a nivel nacional realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) realizada el año pasado, a 2.000 estudiantes de entre 11 y 17 años, determinó que un 32% admitió haber detectado señales de violencia, mientras que un 9% de los estudiantes dijo haber vivido episodios de violencia explícita, desde empujones hasta golpes.
