Claro en sus prioridades de lo que necesita el país en salud, se manifiesta el director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, Manuel José Irarrázaval. Con vasta trayectoria en salud y administración de recintos hospitalarios, el doctor critica la falta de visión de la autoridad al fijar las prioridades legislativas para 2017. Asimismo, pone acento en la poca fiscalización que hizo la Superintendencia de Salud a isapre Masvida, dejando que el caso "estallara" y con ello "desprestigiar aún más al sistema de isapre". Tampoco ve con buenos ojos la nueva norma de campos clínicos publicada hace pocas semanas, ya que no deja espacio para una óptima formación de especialistas que se requiere.

- El gobierno ya definió sus propuestas para salud en 2017: interrupción embarazo en tres causales, regulación de fármacos bioequivalentes y seguro solidario de acompañamiento del niño, ¿Las comparte? ¿Cómo las evalúa?

- Son un buen demostrador de que el Gobierno no está mirando su responsabilidad hacia la salud del país al corto, mediano y largo plazo. Si uno mira esas tres prioridades, no es que no sean importantes pero hay otras mucho más necesarias, de mayor impacto y trascendencia en el largo plazo. Poner esas prioridades es un reflejo de que bajaron las manos. No están dispuestos a esforzarse ni a dar una batalla compleja como es resolver los reales problemas que hay en la salud del país.

- Y para usted ¿cuáles son esos reales problemas a los que se debería apuntar?

- Hay varios: mejorar el acceso a la atención de salud con mayor infraestructura, formación de especialistas y una buena reforma al sistema privado de salud, entre otros temas. En este último punto pasa que deliberadamente hace dos o tres años se está “chuteando” darle una solución a este tema. Ejemplo de ello es lo que sucede en Masvida, donde vemos que esto se desenmascara porque no se ha resuelto estructuralmente el sistema. Ahora, es cierto que hay alguna incompetencia entre los ejecutivos de las isapres, pero detrás de eso el gobierno ha hecho vista gorda de que hay una judicialización de las isapres desde hace varios años, sin embargo, no ha hecho ningún esfuerzo por solucionarlo. Ha habido tres comisiones evaluadoras del sistema de isapres y Fonasa, pero no se ha tomado ninguna resolución.

- Hay un tema preocupante de infraestructura que este gobierno se comprometió a impulsar, pero que ha tenido reveses, ¿cree que ahí hay también una falta de preocupación de la autoridad?

- Cuando asumió la ex ministra Helia Molina, en su primer mes de gestión paralizó las concesiones que ya estaban completamente tramitadas, argumentando que era más barato hacer las construcciones por gestión directa del ministerio. A eso sumó un argumento ideológico que no querían privatizar la salud. Todo esto resultó falso, porque las concesiones resultaron ser iguales en costo o más baratas, y mucho más rápidas que las hechas por el Estado. Lo dramático de esto es que en ninguna parte de la discusión se ha puesto sobre la mesa el sufrimiento de los potenciales beneficiarios. Esto es algo terrible. Estás obligando a la gente a seguir con una infraestructura inadecuada que el mismo ministerio lo reconoce. 

- ¿Podemos decir que esto es uno de los mayores errores que cometió este gobierno en salud: parar las concesiones?

- Sin duda. Absolutamente. Y lo que más me duele es que la argumentación que se dio es falsa en lo económico, es falsa en los argumentos de construcción y está basada solamente en una cuestión ideológica. En ningún momento las autoridades de gobierno pusieron en la balanza el daño que significa para la gente de Puente Alto o Chillán la postergación de sus hospitales. Eso es una situación imperdonable.

- Mencionó usted también el tema es la formación de especialista ¿Cómo ve eso?

- Ha habido mucha discusión en cómo se forman, quién los certifica y quién habilita a los especialistas. Hace pocas semanas salió la nueva norma de la asignación de los campos clínicos, la cual es sumamente confusa y donde no queda claro si las asignaciones previas se respetan o descartan. Este nuevo documento establece prioridades muy confusas porque metes en un solo saco el criterio general de asignación de campos clínicos y cualquier persona que entiende el tema sabe que el criterio para formar médicos de atención primaria de salud, versus anestesista, obstetra u radiólogo es totalmente distinto. Los requerimientos técnicos y académicos son diferentes, pero esta norma hace una ensalada con todo esto.

- ¿Y cómo quedan instituciones privadas con esta nueva norma de campos clínicos?, se dice que hay diferencias para privadas y públicas.

- Las instituciones privadas como la Universidad San Sebastián quedan muy débil. Los campos clínicos se asignaron hace varios años por la Norma 18, bajo la cual se entregaron distintos recintos a universidades que en ese tiempo impartían carreras de la salud, sin embargo, muchos no ocupaban los recintos. Entonces, hay un problema de mala asignación y que no lo resuelve la norma recién dictada. Segundo, esta nueva norma pone criterios de prioridad para asignar los campos clínicos, sin embargo, no es suficientemente clara para discernir entre un programa que quiera formar oftalmólogos de uno que quiera formar anestesista u obstetras, ya que los requisitos son distintos uno del otro.

- ¿Qué puede pasar entonces?

- Con este sistema lo que pasa es que aquellos que requieran campos clínicos más sofisticados, van a quedar al debe porque no tienen una oferta de atención primaria de salud muy fuerte. Esto va a generar que en cinco años nos vamos a dar cuenta que no tenemos suficientes anestesistas u oftalmólogos o neurólogos. Además, uno de los criterios que se da a quienes postulan a los campos clínicos es que los centros formadores estén adscritos a la gratuidad, pero ¿en qué influye en la formación de calidad de un campo clínico el que una universidad sea gratis o no? Eso es sólo ideológico.

- Otro tema siempre candente es la atención primaria en salud ¿Por dónde ve mejoras a este sector?

- Acá hay un problema muy complicado porque se les echa la culpa a las facultades de medicina que no forman en este ámbito y eso en realidad es falso. Esto no pasa porque los doctores no quieren practicar o trabajar ahí, sino que no se les ha preguntado qué hacer para que sea más atractivo trabajar en el sistema de atención primaria de salud. Si bien hay que mejorar los sueldos, eso  no es lo único y eso lo ha dicho la misma gente que trabaja ahí.

- ¿Ve en todo esto demasiada política y poco tecnicismo al momento de dirigir una cartera tan compleja como Salud?

- Acá hay una terrible politización de las políticas públicas de salud, donde cada cuatro años llega un gobierno nuevo y parte de cero porque cree que el que estuvo antes no hizo lo correcto. Eso es una mala cosa. Nosotros deberíamos formar un Ministerio de Salud que genere las normas públicas de salud con un grado de autonomía parecido al del Banco Central; que sea gente que no tenga posibilidad de hacer cambios con cada nuevo gobierno, sino que haya continuidad en su cargo y que el ministro de Salud -que obviamente tiene que ser funcionario de gobierno- responda a este especie de consejo del ministerio. La idea es que las normas que vengan de ese ministerio, tengan respaldo técnico y con gente que dé continuidad en el tiempo.

- ¿Podría esto ayudar quizás a  que la ejecución de salud sea más óptima?

- En ejecución justamente confluyen el tema de la infraestructura y continuidad técnica del ministerio de Salud que hablo. Es muy difícil que los proyectos de construcción hospitalaria vean resultados en tres meses. Eso se ve a ocho o 10 años, y eso lo da la continuidad. Entonces, cuando se cancelan todas las concesiones y deciden construir hospitales bajo la modalidad 20-20-20, no tienes gente competente para implementar esto, entonces, por supuesto que no se cumple la ejecución presupuestaria del año.

- Otro tema no menor que también estuvo en boga el año pasado fue la baja cobertura en vacunación, ya que en algunos casos ni siquiera se llegó al mínimo de 85% ¿Cómo ve este tema para este invierno?

- Acá hay un incumplimiento del plan de vacunación del ministerio, que a la primera semana de marzo a nadie le preocupa, pero que en la primera semana de julio todos estarán atentos cuando veamos toda clase de enfermedades infecciosas porque buena parte de ellas se deben a que no hemos cumplido con el programa de vacunas. No se ha diseñado una estrategia sensata para conversar a la gente de que hay que vacunarse. Esto es gravísimo porque si no hay un porcentaje de vacunación por lo menos del 85%, la probabilidad de que tengas una epidemia masiva es grande. De hecho ya han aparecido en Chile casos de tuberculosis, sarampión, influenza y ojalá que no aparezca todavía de poliomielitis, considerando que esas son patologías que las teníamos prácticamente erradicadas del país. Ahora, qué es complejo, sí lo es, porque hay que usar herramientas nuevas para convencer a la población, pero tiene mucho más importancia eso que esta discusión de la despenalización del aborto. Como problema sanitario son ordenes de magnitud distinta.

MasVida

- En el tema de la isapre Masvida, ¿cuánta cuota de responsabilidad hay de la autoridad?

- La autoridad actual tiene por lo menos dos líneas de responsabilidad. Una, no haber resuelto el problema estructural del tema de las isapres. El hecho que hayan llamado a tres comisiones y que no se tome ninguna resolución es responsabilidad directa de las autoridades de salud y de las autoridades superiores del país. El tema de la judicialización se sabe que es un tema serio para las isapres. Lo segundo es que probablemente hubo una grave falla en la gestión de sus ejecutivos, algo que sí debió haber sido vigilado por la Superintendencia de Salud, la cual fue advertida de esto, pero no tomó medidas para resolverlo oportunamente permitiendo que se cayera. Entonces, ahí viene la duda de si ésta inactividad de la Superintendencia es por torpeza, distracción o fue deliberada para que estallara esto y con ello echarle más desprestigio al sistema de isapre. No quiero prejuzgar, pero hay derecho a cuestionarse eso.     

- Respecto al funcionamiento de Fonasa, ¿ha visto mejoras sustanciales?

- La veo débil. De los 13 millones que tiene este seguro de salud en el país, hubo seis millones de consultas ambulatorias en el sector privado el año pasado, lo que demuestra que la oferta de servicio es muy insuficiente. No tienes suficientes especialistas y la gente está dispuesta a ir a la atención privada pagando de su bolsillo. Cuando miras la lista de espera Auge, pero sobre todo no Auge es patético, porque si Fonasa tuviera la capacidad y disposición para comprarle servicio a los privados a un precio razonable, esa lista la resuelves en un año y medio.

- Justamente esa fue una crítica constante al anterior gobierno. La compra de servicios a los privados porque beneficiaba mucho a ciertas clínicas, como la Clínica Las Condes. Sin embargo, hace unos días se conoció que la subsecretaria de Salud, Gisela Alarcón, es accionista de esa entidad, quien igual sigue promoviendo servicios a este gobierno. ¿Cómo se entiende ello?

- Acá hay un tema claro: ella debió haber vendido las acciones inmediatamente cuando asumió la subsecretaria porque allí obviamente hay un conflicto de intereses. No puede decir lo contrario, porque si ella recibe dividendos por sus acciones, no le es indiferente que gane o pierda la clínica. Pero más allá de eso, que afecta la honorabilidad de la subsecretaria, lo que más me da pena es este prejuicio ideológico en contra de la medicina privada; es algo fuerte que supera la supuesta vocación de ayudar al sufrimiento de los chilenos. Existen mecanismos de asignación a privados controlables y los DRG son una muy buena medida en eso, así como los paquetes de prepago. Lo que pasa es que no quieren que se vea ineficiente el sector público y eficiente el sector privado.

- Justamente en una entrevista con IPSUSS, el presidente de las Clínicas de Chile abogó por una alianza pública-privada para mejorar la salud de la población, dejando de lado todo tipo dr prejuicios.

- Y tiene la razón, y que mejor demostrarlo con un ejemplo de que esta alianza público-privada funciona bien. Para operarse de cataratas había una enorme lista hace unos años atrás. Cuando se incluyó esta enfermedad en el Auge, los oftalmólogos que tenían una clientela fija y a alto costo, se dieron cuenta que si se adscribían al Auge, les iba a bajar el precio unitario de la operación, pero en vez de hacer una catarata al día ahora iban a hacer 20; y con ello prácticamente se solucionó el tema en centros privados que están dispuestos a atender a pacientes Auge con cataratas. Entonces, da pena y rabia que por una percepción ideológica tan fuerte estén dispuesto a que la gente más pobre siga sufriendo.