Daniel Zamudio Vera murió en la Posta Central el 27 de marzo de 2012 a la edad de 24 años, tras haber sido atacado y torturado por 4 jóvenes cercanos en edad. Fueron 25 días de agonía hasta que falleció como consecuencia de la golpiza. A partir de este doloroso hecho se aprobó la ley antidiscriminación 20.609, más conocida como Ley Zamudio.

Sin embargo, a cinco años de su promulgación, el balance que hacen los expertos en el tema es que aún falta una estructura organizacional por parte del Estado para que funcione adecuadamente, además de presupuesto para realizar una efectiva fiscalización, prevención y educación.

Una de las críticas que se formulan es que si bien los alcances de este marco legal consideran 13 tipos de discriminación, tales como: La situación económica, el sexo, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la apariencia personal, el estado civil, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, enfermedad o discapacidad, la raza o etnia,  la filiación y/o nacionalidad, el conocimiento de la ley se ha circunscrito a la orientación sexual y/o  identidad de género.

Así lo señalaron Luis Larraín, ex presidente de la Fundación Iguales; María Soledad Cisternas, ex presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad; Tomás Henríquez, Director ejecutivo Corporación Comunidad y Justicia; y Carlos Barría, coordinador del Centro de Estudios y Atención Psicológica (CEAPSI) quienes participaron en el coloquio “A 5 años de la muerte de Daniel Zamudio ¿Chile es un país discriminatorio?”, organizado por la U. San Sebastián.

 “Todo el mundo sabe que existe la Ley Zamudio, nombre que no nos gusta porque se entiende que es una ley de ‘gays’ y para ‘gays’, así se presta para bromas y caricaturiza cuando en realidad abarca mucho más”, indicó Luis Larraín.

Mientras que para María Soledad Cisternas, “uno de los primeros errores de la formulación de la ley es que asimila enfermedad y discapacidad, cuando son condiciones distintas”. Sin embargo, la ex presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad destacó que su promulgación “es un logro porque responde a un movimiento social, sociológico, psicológico y político que se tradujo en una norma jurídica, así el que exista la ley tiene de por sí un valor intrínseco que nos pone al corriente de países desarrollados que cuentan con este tipo de legislación”.

Por su parte, Tomás Henríquez, director ejecutivo Corporación Comunidad y Justicia, expuso el problema de las expectativas que se generaron con la promulgación de esta normativa: “finalmente hubo un hipérbole en la retórica política donde con esta ley llegábamos al fin de todas las discriminaciones, pero no hubo cuidado en tratar de definir e instruir qué significa discriminar y así hoy todo puede pasar por discriminación, porque es considerado un pecado social muy grave”.

Al respecto, Larraín afirmó que “el mandato que se entrega a los organismos del Estado con la ley antidiscriminación parece ser muy vago para que diseñen políticas en esta línea, no hay presupuestos destinados, no existe un órgano dentro del poder ejecutivo que vele por la no discriminación o que se coordine con ministerio como Educación, Salud o Trabajo, que son las áreas donde se denuncian las mayores discriminaciones”, dijo el candidato a diputado,  quien agregó que “sólo 15 de los 345 municipios del país, cuentan con oficinas para canalizar o dar orientación ante las denuncias.

Y en ese mismo enfoque, Tomás Henríquez, declaró que en  caso de presentar un recurso por discriminación, “desde el punto de vista laboral, para los que ya están contratados, es más eficaz ir a la Dirección del Trabajo o a la Corte de Apelaciones que apelar a la Ley Zamudio”.

Por su parte, Carlos Barría,  coordinador del Centro de Estudios y Atención Psicológica de la U. San Sebastián, destacó la oportunidad de “poner al servicio de la época y la sociedad lo que estudiamos actualmente, podemos ver a diario múltiples historias de discriminación en Chile, pero estamos advertidos de que no basta con la visibilización de estos casos en las redes sociales, la televisión o en la radio, y tampoco basta con formular una ley, necesitamos espacios de encuentro, de conversación y reflexión sobre estos temas para hacernos cargo de los problemas que nos enfrenta hoy nuestro mundo complejo”, concluyó el académico de la Facultad de Psicología USS.