La Presidenta Michelle Bachelet, junto a los ministros de Salud, Carmen Castillo; de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, firmó el proyecto de Ley que Crea el Seguro para el Acompañamiento de los Niños y Niñas (SANNA), el cual busca regular la cobertura, los requisitos de acceso y las prestaciones de un seguro solidario, que será financiado por el Fondo creado en abril 2017 por la ley 21.010.

Al respecto, dijo que “lo que hay detrás del proyecto, representa el camino que hemos recorrido juntos y nos acerca al horizonte de lo que, como país, necesitamos: fortalecer nuestra solidaridad para cuidarnos unos a otros”. La medida permitirá que padres y madres, que trabajen puedan tener una licencia médica para acompañar y cuidar a sus hijos e hijas menores afectados por una condición grave de salud, como cáncer, transplante de órgano sólido, desahucio o estado terminal y accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa o permanente.

“En este duro proceso no queremos que los padres y madres estén solos. Ese es el mensaje central de este proyecto de ley: como país estamos diciendo que ya no deberán resolver solos esta situación, ni tendrán que depender exclusivamente de las capacidades financieras de su entorno para decidir si pueden o no darse el lujo de acompañar a sus hijos enfermos”, resaltó, al tiempo de pntualizar que “estamos diciendo, justamente, que acompañar a esos hijos en momentos tan duros no es ni puede ser un lujo: debe ser un derecho”.

En abril 2017 se aprobó la ley N° 21.010, que crea el Fondo a través del cual se financiarán los permisos y subsidios para las madres y padres trabajadores. El fondo se integrará con una cotización mensual de cargo del empleador o del trabajador independiente, según corresponda, cuyo monto en régimen será de un 0,03% de las remuneraciones imponibles.

Esta cotización se implementará gradualmente, en la misma proporción en que se va extinguiendo la cotización extraordinaria del Fondo de Contingencia de las Mutualidades, hasta alcanzar la cotización de régimen, en enero de 2020. En régimen, los ingresos del fondo alcanzarán a un monto anual superior a los $13 mil millones.

El sistema de financiamiento del seguro permitirá incrementar en forma sostenible la cobertura de las condiciones graves de salud que afectan a los niños y niñas, partiendo por el cáncer, continuando con los trasplantes, los desahucios y finalmente, incorporando los accidentes que impliquen riesgo de muerte o generen una secuela funcional grave de carácter permanente para los niños y niñas.
En la práctica, explicó la máxima autoridad nacional, esto funcionará como una licencia médica, permitiendo que los trabajadores reciban una prestación económica que reemplaza total o parcialmente su remuneración, por un tiempo determinado.

En Chile, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, son 3 millones los padres y madres que trabajan y que tienen al menos un hijo menor de 18 años; y se estima que existen 4 mil niños afectados por algunas de las contingencias graves de salud (en régimen): 900 cáncer; 70 trasplante; 400 desahucio y cuidados paliativos de cáncer; y 2.600 accidente grave.

Los causantes del beneficio son los niños y niñas (hijos e hijas) mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad –según el caso- afectados por una condición grave de salud debidamente calificada.
“Son más de tres millones los padres y madres trabajadores con al menos un hijo menor de 18 años que estarán protegidos por este seguro que esperemos nunca tengan que necesitar. Se trata de los trabajadores dependientes, del sector público, y aquellos independientes que cumplan ciertos requisitos”, dijo sobre el beneficio que pueden usar la madre y el padre, cuando los dos trabajan; en ese caso, la licencia será por hasta 180 días, sumando ambos padres, en un período de 12 meses.
“Se trata de un cambio de paradigma en nuestra legislación laboral que siempre entregó las tareas del cuidado a la madre. Esta iniciativa se basa en un trabajo serio, que nos ha permitido combinar gradualidad, sostenibilidad financiera y compromiso de todos los sectores”, comentó.

Concluyó diciendo que “al actualizar nuestras normativas y adaptar nuestras instituciones a nuevos modos de concebir derechos ciudadanos, válidos sin exclusión, acordes con lo que viven nuestros compatriotas, hacemos avanzar la justicia en Chile y reforzamos nuestros lazos como comunidad”.