La judicialización que se ha visto los últimos años para evitar el alza de planes de salud, está llevando a cierres de oficinas a nivel país. ¿Cómo lo están viendo ustedes?

No hacemos seguimiento a las estrategias comerciales de las Isapres, tales como apertura o cierre de oficinas ni nada de eso, pero evidentemente que las Isapres están en una situación financiera delicada y tiene que buscar todos los medios y herramientas que le permitan hacer un uso más eficiente de los recursos. Es una estrategia individual que cada Isapre aplicará de la mejor forma

Es un ejemplo patente de lo que usted ha anunciado hace ya un tiempo, que la judicialización tendrá efectos en las Isapres

Sin duda, la judicialización va a terminar perjudicando a los propios demandantes porque al final las Isapres cuentan con menos recursos, están más estrechas desde el punto de vista financiero, ha aumentado el endeudamiento, ha disminuido su liquidez, y esto tarde o temprano se tiene que mostrar en las posibilidades de ofrecer un servicio mucho más expedito y estas cosas afectan evidentemente la calidad del servicio.

Otros efectos que puedan prever

Va a depender de cómo evoluciona la judicialización los próximos años.

Aún no hay una mirada concreta respecto al tema

Todavía es pronto para hacer pronósticos, creo que no es prudente hacerlos. Hay que esperar qué pasa el próximo año y ahí a lo mejor podríamos prever las consecuencias que están teniendo estos procesos. AL final los únicos que están ganando esto son los abogados.

Tiene alguna estimación a cuánto llegarían sus ganancias por judicialización

En conjunto, si se consideren las transferencias de fondos que se han realizado desde que se inició el proceso de judicialización e incluyendo el año 2016, ya suman más de US$120 millones. Se ha llegado a montos tan  alarmantes que al final están siendo recaudados por un pequeño grupo de abogados.