Bajo peso y talla, inseguridad emocional, mayor frecuencia de enfermedades respiratorias, y desarrollo del lenguaje hablado tardío son algunas de las características que presentan los menores -en su primera infancia- que viven en residencias. 

Así lo han demostrado diversos estudios realizados en el extranjero y en nuestro país. Todo indica que los más bebés deben vivir con su familia, y de no ser posible, con personas que simulen lo más posible esa estructura de contención. 

Considerando esta realidad, la senadora Ximena Rincón en conjunto con sus pares Yasna Provoste, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla y Jaime Quintana presentaron un proyecto de ley que prohíbe el ingreso de niños y niñas de cero a tres años a residencias, como medida de protección. 

La norma en primer trámite, deberá ser estudiada por los integrantes de la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes en una próxima sesión. 

Los congresistas aseguran en su propuesta que “la internación en residencias constituye una vulneración grave del derecho a la integridad física y psíquica de los más pequeños". 

De esta forma, el texto plantea que: 

"Los niños que a la fecha de publicación de esta ley tengan entre 0 y 3 años y se encuentren sujetos a una medida de protección de internación en una residencia, deberán ser restituidos en su derecho a vivir en familia, reuniéndolos con su familia de origen o extendida si ello fuera posible, o decretando su cuidado alternativo por parte de una familia de acogida, en el plazo máximo de 6 meses contados desde la fecha de la publicación de esta ley". 

En la argumentación, la moción asegura que “tratándose de niñas o niños menores de 3 años de edad se estima que por cada año que viven en una institución pierden cuatro meses de desarrollo además de estar seis veces más expuestos a la violencia y cuatro veces más expuestos al abuso sexual que en los programas de cuidado alternativo de tipo familiar. Por ello, el Comité de Derechos Humanos ha expresado claramente la conveniencia de que los niños privados del cuidado parental se encuentren en condiciones que más se asemejen a las que caracterizan al medio familiar”. 

Los congresistas aseguran que “actualmente, de los cerca de 15 mil niños que hoy se encuentran en sistema residencial, solo el 20% de las plazas (3.252) corresponden a proyectos de familias de acogimiento, mientras que el resto se encuentra viviendo en una institución". 

Entre las razones que explican  por qué no es conveniente que un menor viva en residencia, está la rotación de personal, los cambio de guarda y  los turnos que determinan distintos cuidadores. La moción insiste en que “este ambiente hace imposible una atención personalizada que genere un vínculo de apego a largo plazo”.