La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un informe preliminar de su estudio de mercado sobre medicamentos, recomendando una reforma estructural en este sector para aumentar la competencia en precios, lo que tendría como efecto una caída en el valor de estos productos.

“Los medicamentos son un bien de primera necesidad y es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a ellos a un menor precio. Eso se logra mediante una regulación que promueva más competencia en este mercado”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

El Fiscal explicó que “actualmente, el mercado de los medicamentos opera en Chile de la misma forma que cualquier otro mercado de consumo masivo en que se compite por marcas, como los automóviles, el vestuario o los celulares, por ejemplo, y esto se debe a que la política de bioequivalencia no ha sido efectiva”.

De hecho, en su estudio, la Fiscalía detectó que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas.

Una encuesta realizada por la FNE, detectó también que mayoritariamente los pacientes acatan la recomendación del facultativo y se muestran reticentes a cambiar lo indicado por una alternativa más barata. Las farmacias, a su vez, venden a los pacientes los medicamentos de marca recetados, los que son adquiridos por ellas a los laboratorios a precios en promedio un 70% más caros que el sector público.

“Proponemos una reforma estructural que modifique la manera en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias, cambiando la dinámica de la industria e introduciéndole más competencia”, precisó el Fiscal.

En la práctica, la FNE recomienda profundizar la política de bioequivalencia, crear un sistema único nacional en el cual los médicos deban obligatoriamente prescribir medicamentos según su denominación común internacional, y no por marca, y obligar a las farmacias a dispensar el medicamento más barato, estableciéndoseles además un cobro fijo por dispensar los medicamentos. Ello debería ir asociado a un reforzamiento sustancial del Instituto de Salud Pública (ISP) y/o de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED).

En una segunda etapa, se propone crear un seguro farmacológico público o privado que permita cubrir gastos en medicamentos.

Asimismo, la FNE recomienda permitir la venta de medicamentos OTC (over the counter o de venta sin receta) en establecimientos distintos a las farmacias y a través de otros canales, como el online.

Específicamente en cuanto al sector público, el principal problema detectado por la Fiscalía se relaciona con deficiencias regulatorias en la forma en que se confeccionan las listas de compras de medicamentos de este segmento (hospitales, consultorios y municipalidades, entre otros), lo que podría estar provocando formas de compra menos transparentes, eficientes y efectivas.

Con la implementación de estas medidas, la FNE estima, en forma conservadora, que se puede lograr un ahorro de entre 20% y 40% en promedio en el precio de los medicamentos que se vendan en farmacias y que tengan alternativas bioequivalentes. Esto significaría un impacto total anual de entre US$ 76 millones y US$ 380 millones en el mercado de medicamentos comercializados en farmacias, que mueve al año aproximadamente US$ 1.500 millones.

Este informe preliminar será sometido a consulta pública hasta el viernes 20 de diciembre. Al término de ese proceso, la FNE publicará el informe final y enviará sus recomendaciones definitivas al Poder Ejecutivo para que se evalúe su implementación.

Reacciones

Frente a este informe de la FNE, la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile, dio a conocer su porisicón a través de un comunicado. Ahí calificó de "inadecuado" una de sus recomendacioens, referidas al rol del químico farmacéutico. 

Recomendaciones de la FNE

El documento de la FNE es el resultado de un trabajo que comenzó a desarrollar la Fiscalía en abril de 2018 y que consistió en una revisión completa a la industria, abordando desde la producción a la venta de medicamentos, incluyendo a todos los actores relevantes y reguladores.

Las conclusiones de la FNE están contenidas en un paquete de catorce medidas, que responden a cuatro objetivos fundamentales: que se introduzca más medicamentos bioequivalentes en el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.

A. Sobre la comercialización de medicamentos:

1. Modificar procedimientos de registro y certificación de bioequivalencia ante el ISP.
2. Establecer registro más expedito para medicamentos que se vendan en otros países y homologación.
3. Establecer un premio al primer genérico en entrar al mercado.
4. Establecer obligación para laboratorios de informar a ISP de patentes vigentes.
5. Establecer una política de producción y difusión continua de información.
6. Aplicar efectivamente normativa de protección de datos.
7. Fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), que pertenece al ISP.
8. Regular la dispensación y forma de cobro de las farmacias.
9. Crear una plataforma única nacional para que los médicos prescriban por denominación común internacional.
10. Implementar medidas para aumentar el número de medicamentos bioequivalentes.
11. Crear un seguro con cobertura farmacológica.

 B. Sobre el mercado de distribución:

                 12. Permitir la venta de medicamentos de venta directa (OTC) en establecimientos distintos de las farmacias.

                 13. Permitir la venta vía canal online.

 C. Sobre el mercado público:

                 14. Regular el funcionamiento de comités de farmacias y otros órganos del sector público.

 

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