Una serie de propuestas para mejorar el acceso a medicamentos en el país presentó José Manuel Cousiño, asesor del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), durante un conversatorio desarrollado en la sede de Valdivia de la casa de estudios.

Químico Farmacéutico de la U. de Chile, con un postítulo en Gestión y Administración de Empresa Farmacéuticas y Cosméticas de la misma casa de estudios, Cousiño actualmente asesora al IPSUSS, como experto en temas técnicos y regulatorios del sector salud, con amplia experiencia en gestión, muestra de aquello es que fue vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Chile entre los años 1996 y 2015. Además, a su haber se cuentan años de asesorías en la materia durante las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

En tal sentido y ante la dilatada tramitación en el Congreso Nacional de la Ley de Fármacos II, Cousiño y Carolina Velasco, directora de estudios del IPSUSS, desarrollaron el análisis “Hacia la intercambiabilidad de medicamentos en Chile: propuestas para mejorar el acceso”, presentado en la sala E-406 de la sede en Valdivia.

"Chile es un país dependiente del exterior en materia de medicamentos. Dependemos de productos farmacéuticos terminados que importa la industria y de principios activos e inactivos que utilizan por parte de las compañías nacionales para elaborar los productos farmacéuticos en el país. Todas estas sustancias, ya sean como producto terminado o como materias primas activas para elaborar los productos, vienen de afuera. Chile no sintetiza nada. (…) Es fundamental desarrollar medicamentos", puntualizó el experto.

Ante tal escenario, entre las propuestas presentadas por Cousiño y Velasco, se halla la “obligación a los profesionales de la salud de prescribir por Denominación Común Internacional (DCI)”, es decir que los medicamentos prescritos por un facultativo sean indicados por el nombre de su sustancia farmacéutica o principio activo, como ibuprofeno, paracetamol, amoxicilina, etc.

Se suma la dispensación del medicamento más barato a través de mecanismos que mandaten o fomenten decididamente a las farmacias y sus dependientes a ofrecer/dispensar el medicamento más barato a los usuarios, lo que “beneficia directamente a los consumidores o pacientes, mediante acceso a medicamentos de igual calidad a menores precios, pero también a las farmacias, en cuanto favorece la reducción de los inventarios y, por tanto, de los costos asociados a su gestión y mantenimiento”.

A estas propuestas se suman la educación sobre la bioequivalencia, a través de campañas educativas a la población para “poner en correcta perspectiva la calidad, seguridad y eficacia de los productos bioequivalentes y sus ventajas económicas en la economía de los hogares”; así como aumentar moléculas bioequivalentes “mediante normativas se deben incrementar el número de productos que deben demostrar bioequivalencia en el mercado nacional”; y también un  premio al primer entrante, para “posibilitar un incentivo al primer genérico bioequivalente que obtenga su registro sanitario, como una forma de alentar el interés por estos medicamentos, tal como lo plantea el informe de la Fiscalía Nacional Económica de 2020”.

La propuesta final invita a la inclusión de medicamentos en los planes de salud, con lo que se “fomenta la compra del medicamento más barato por parte de las personas, en cuanto las aseguradoras querrán adquirir y cubrir aquella versión más económica. Además, permite conseguir menores precios, ya que cada aseguradora puede negociar grandes volúmenes con las farmacéuticas y también con la farmacia que las dispensará”.