El proyecto de reforma a la reforma tributaria que se discute por estos días en el Congreso introduce cambios que han encendido algunas alarmas en académicos y Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al control del tabaco en Chile. En dicho proyecto se introducen algunos cambios al sistema de trazabilidad al tabaco, un sistema absolutamente necesario para controlar a las tabacaleras y avanzar en la eliminación del comercio ilícito de tabaco.

Este sistema introduciría mecanismos de control avanzados que permitan seguir de manera individual cada paquete de cigarrillos que se produce en Chile o se importa. De tal manera, se podría saber de manera rápida si un paquete de cigarrillos es legal, ha sido contrabandeado o vendido ilegalmente. Pero, lo que es más importante, permitiría al Sistema de Impuestos Internos controlar de manera independiente cuánto produce la British American Tobacco (BAT) en Chile. Hoy, el SII no lo sabe. Hoy, el SII debe "confiar" en el reporte que le da BAT acerca de cuánto vende en Chile para poder cobrar sus impuestos.

Estamos hablando de una empresa que ha sido, por ejemplo, condenada en Canadá por el mayor contrabando de tabaco de la historia, según las autoridades de dicho país, y que forma parte de una industria que es conocida por contrabandear sus propios productos en numerosos países del mundo. Se conoce que BAT Chile exporta sus productos a países de donde proviene el contrabando de tabaco a Chile o hacia otros países. ¿Quiénes producen los cigarrillos que se contrabandean, por ejemplo, desde Paraguay o los países limítrofes?

En este marco, el sistema de trazabilidad es fundamental. Pero la reforma discutida en el Congreso (y que ya ha sido aprobada por diputados) abre la puerta a que sea BAT Chile la que provea su propio sistema de trazabilidad (que existe, se llama Codentify y ha sido vastamente criticado por lo oscuro que resulta su control). En otras palabras, ellos se cuidarían a sí mismos. El texto introducido no excluye la posibilidad de que sea así y deja esto librado a un reglamento de Hacienda y a dictámenes de Contraloría. Existe experiencia reciente en Chile de leyes cuyo "espíritu" y sentido cambiaron a partir de reglamentos mal hechos o dictámenes de Contraloría (en el tema de aditivos al tabaco, por ejemplo). La ley que se discute debe cerrar de plano esta posibilidad y hacer explícita la prohibición de que la trazabilidad sea provista por las empresas controladas.

En Chile mueren más de 16 mil personas al año por consumo de tabaco. Lo que las tabacaleras pagan por impuestos al tabaco no alcanza para cubrir los enormes costos directos sobre el sistema de salud, que debe tratar las enfermedades producidas por el consumo de tabaco. Resultaría pavoroso que el Estado delegue su potestad de fiscalización en los causantes de dichos costos. Sería lamentable que el Estado ponga al zorro a cuidar a las gallinas.