El encargado de redactar el proyecto de reforma, Camilo Cid,  anunció que en cuatro años los actuales afiliados a las Isapres serán traspasados al nuevo sistema, y que las instituciones sólo podrán reajustar sus planes cada tres años si es que un panel de expertos determina que tienen problemas financieros que lo justifiquen.

La Asociación de Isapres calificó la propuesta como "grave" e "inconstitucional". Desde sectores académicos, sin embargo, se argumentó que una fijación de precios por ley y mediante técnicos independientes es "razonable", ya que en los 30 años de existencia del sistema actual las Isapres han actuado unilateralmente ante sus afiliados, lo cual ha llevado a una judicialización de las controversias.

Donde sí hay consenso es en que la reforma no debería obligar a aquellas personas que deseen conservar sus planes actuales.