La alternativa está incluida en la reforma a la Ley de Isapres que está elaborando el gobierno. Consiste en destinar un porcentaje menor al 1% de las cotizaciones individuales a un fondo común solidario que ayude a financiar algunas prestaciones, como los trasplantes. Pero la idea ha generado resistencia, más allá de sondeos como el de IPSUSS (59% de rechazo): dirigentes de Isapres plantearon que los cotizantes privados van a tener que pagar por costos que le corresponden al Estado.