Se trata de la llamada Ley Ricarte Soto, para financiamiento de enfermedades de alto costo, que el gobierno quiere anunciar este 21 de mayo. Sin embargo, organizaciones de pacientes, la oposición e incluso parlamentarios oficialistas han advertido que es preferible esperar a discutirla en detalle y definir aspectos importantes, como el tipo de enfermedades que cubrirá, cómo se establecerá el umbral para que los pacientes reciban o no el beneficio y si será sólo para tratamientos o también para procedimientos de diagnóstico.

Un sondeo de IPSUSS muestra que la gran mayoría de los encuestados (79%) prefiere que la ley se aplique a todo tipo de enfermedades y no sólo a los cánceres o disfunciones metabólicas.