La recién conocida Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 nos ofrece un buen instrumento para evaluar el progreso logrado en la última década y los desafíos que tendrán las políticas públicas de los presidenciables en esta área.
Ante la medida tomada por la Superintendencia de Salud, el director de IPSUSS plantea que "la solución debería pasar por separar las funciones del Eunacom: de evaluación de la calidad que razonablemente requieren las Facultades de Medicina, de la función de habilitación para el ejercicio profesional, que debe ser definida por el Ministerio de Salud y no sólo para el sector público, sino también al privado".
Las muertes por enfermedades infecciosas, prácticamente desaparecieron de los mapas estadísticos, mientras que los cánceres, desplazaron a los problemas cardiovasculares como la principal causa de fallecimiento y las patologías endocrinas y metabólicas irrumpen como causales antes inexistentes.
Deberíamos explorar la solución natural: devolver al Eunacom su carácter original de herramienta de evaluación de la calidad de formación otorgada en cada una de las Escuelas de Medicina que lo diseñaron y establecer otra instancia encargada de la habilitación para ejercer la profesión médica; práctica que es ampliamente utilizada en otros países desarrollados.
Una vez más queda en evidencia que por solucionar problemas como la falta de médicos en el país y la certificación de calidad de estos profesionales, sin resolver el problema de fondo, se toman decisiones apresuradas, cuyas consecuencias pueden afectar negativamente a millones de personas que se atienden en el sistema público y privado de salud.
La cuarta garantía del GES debió esperar más de 10 años para lograr un porcentaje razonable de instituciones acreditadas y, mientras se incumplía el mandato legal, porque los plazos originales debieron ser postergados varios años por incapacidad de cumplirlos, los pacientes seguían esperando su atención de calidad.
Sorprendentemente en ninguna evaluación del gobierno se hace un mea culpa por el daño causado a la población al postergar, injustificadamente, la construcción de hospitales que razonablemente se estimaban indispensables para ofrecer atención digna y de calidad.
La gravedad del asunto no se detiene. La dotación efectiva de los funcionarios en los Servicios de Salud es de 100.832 personas a los largo del país y las licencias médicas curativas llegan a las 420.107, es decir, que son 4 licencias anuales por persona.
La asignación de campos clínicos en los hospitales públicos, que disponen del 66% de las camas del país para uso por parte de los programas de formación de especialistas, se encuentra en una disyuntiva que hace extremadamente difícil para las Facultades de Medicina generar programas estables en el tiempo.
Hay algunos principios que no deben ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Las autoridades sanitarias chilenas tienen el deber ineludible de custodiar por la calidad de los servicios de salud que recibe la población. Un elemento esencial es velar porque dichos servicios sean ofrecidos por profesionales competentes, debidamente habilitados.
