- Usted está en:
- Portada / Columnas de Opinión / Manuel José Irarrázaval
Retraso en construcción de hospitales: Costos ideológicos
Sorprendentemente en ninguna evaluación del gobierno se hace un mea culpa por el daño causado a la población al postergar, injustificadamente, la construcción de hospitales que razonablemente se estimaban indispensables para ofrecer atención digna y de calidad.
Jueves 24 de noviembre de 2016
Cuando la Dra. Helia Molina asumió como ministra de Salud, una de sus primeras medidas fue retirar desde la Contraloría los decretos prácticamente completados en su tramitación, en que se establecían las concesiones para la construcción de los hospitales Biprovincial Quillota-Petorca, Marga Marga Sotero del Rio, Curicó, Linares y Chillán.
El principal argumento fue que esta modalidad era significativamente más cara que la alternativa de construirlos por la metodología tradicional, a través de la gestión estatal del Ministerio de Salud.
El tiempo ha demostrado que no son más baratos. Prueba de ello es que fueron licitados por montos mayores a los inicialmente calculados por las autoridades de salud, y además, la ejecución de los proyectos ha sido más lenta.
Sorprendentemente en ninguna evaluación del gobierno se hace un mea culpa por el daño causado a la población al postergar, injustificadamente, la construcción de hospitales que razonablemente se estimaban indispensables para ofrecer atención digna y de calidad.
Adicionalmente, el cambio en el escenario económico nacional ha implicado que el plan original de beneficiar a más de 3 millones de personas con 20 nuevos hospitales se haya tenido que ajustar, al tener que construir establecimientos de menor capacidad asistencial que son más pequeños en cuanto a la disponibilidad de camas hospitalarias y de menor complejidad. Eso si es que se cumplen las metas anunciadas.
Y ahora se suma el fallo de la Contraloría General de la República la que acaba de negar la toma de razón de las adjudicaciones para la construcción de los hospitales Barros Luco, Linares, Ñuble y Las Higueras, “debido a problemas de legalidad, principalmente por asuntos de fondo o de incumplimiento de los principios de igualdad de los oferentes o de estricta sujeción a las bases del proceso”, en palabras del organismo contralor, lo que deja en evidencia la incompetencia de los responsables técnicos y políticos que encabezan estos procesos.
¿Quién se hace responsable del enorme daño y sufrimiento que sufrirán quiénes confiaron que por fin recibirían atención en hospitales dignos y adecuados?
