Con la presencia de Luis Cordero Barrera, presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, y de las máximas autoridades de la sede Concepción (encabezadas por Sergio Castro Alfaro, vicerrector), el experto Carlos Williamson Benaprés, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló la conferencia “Educación Superior en Chile: logros, limitaciones y amenazas”, en un encuentro celebrado en el Auditorio Los Robles del Campus Las Tres Pascualas.

Tras las palabras de bienvenida a la actividad, y presentación del expositor, a cargo de Luis Cordero Barrera, Williamson analizó en su presentación cómo han ido cambiando en Chile, y también en el mundo, los factores asociados al financiamiento de la educación.

“En los años 70 existían menos de cien mil estudiantes universitarios, y las universidades eran financiadas por el Estado. El perfil del estudiante, eso sí, pertenecía mayoritariamente a los grupos con altos ingresos. En los 70 y 80 la educación no crece, comienza la crisis económica del país y luego viene una explosión de la educación: aumenta la oferta y la demanda y en los noventa aparecen las universidades privadas. Ya en los 90 surgen becas y créditos, y en el 2000 tenemos la existencia del CAE, masificando el ingreso a los centros de educación superior de los estudiantes provenientes de los quintiles más pobres del país”, resumió el experto.

“De 280 mil alumnos de enseñanza media que egresan cada año, la mitad ingresa a la educación superior. El resto, “se pierde”. En los 90, de cada diez alumnos estudiantes universitarios, uno pertenecía al quintil más pobre de la población. Hoy son dos. Del universo completo de estudiantes de enseñanza superior, 304 mil 575 el año pasado, sólo un 15 por ciento se matriculó en universidades estatales, siendo los institutos profesionales y los centros de formación técnica, además de las universidades privadas, los que más concentran a los estudiantes. Ahí ya tenemos el primer problema serio, porque el Proyecto de Reforma de la Educación Superior no está enfocado en estos centros educacionales, que no pueden optar a la gratuidad”, analizó Williamson.

El académico desmenuzó el modelo vigente, pre gratuidad, desde el punto del financiamiento privado. “Las instituciones cobran aranceles que pagan las familias de los estudiantes. Los alumnos con becas y créditos del Estado cubren su pago hasta el arancel de referencia, y la brecha con respecto del arancel final es financiada por la familia o por la institución. Aquellos sin becas ni crédito, pagan el arancel completo”, expresó, enfatizando que “siempre se trata de los jóvenes de los quintiles más bajos”.

En cifras, el financiamiento público 2017-2018, acorde a la Ley de Presupuesto, fue de cerca de 230 mil millones de pesos en becas, cerca de 700 mil millones en gratuidad, en tanto que el CAE bajó de 705 mil a 519 mil millones. “Las universidades estatales reciben un total de ingreso de un millón 400 mil pesos por estudiante (considerando el número de alumnos). Las universidades no estatales, que acogen al mayor número de estudiantes, reciben 387 mil 737, por alumno. Esta es una discriminación en la cobertura de financiamiento público, en que los perjudicados son los jóvenes en condición de pobreza, que no acceden a beneficios, o acceden en condiciones inferior al aporte público a otros jóvenes”, resaltó.

Williamson detectó, entre las limitaciones de la propuesta, que la investigación en Chile es financiada con los aranceles que se cobra a los estudiantes de menor ingreso, recursos que además son escasos. Y también que el aporte público en ayudas estudiantiles, en algunos casos, son insuficientes “porque cubre sólo hasta el arancel de referencia, y la brecha con el arancel real la financia la familia”.

Trayectoria
Carlos Williamson es bachelor of Arts in Economics de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC); master of Arts in Economics de la misma casa de estudios superiores, y master of Arts de la Universidad de Chicago, Estados Unidos.

En la PUC ha tenido un extenso desempeño: entre 1989 y 1994 fue director del Instituto de Economía; entre 1998 y 1999 se desempeñó como director de Estudios y Planificación; entre 2000 y 2005 fue vicerrector Económico y entre 2005 y 2009 fue pro rector. El año 2010 fue nombrado director del Servicio Civil.

Como parte de su larga y destacada trayectoria profesional y académica, Williamson también fue presidente de Educa UC; director de empresas UC y del Programa “Alerta al Conocimiento”; vicepresidente del Consorcio Tecnológico de la Fruta; presidente del Consorcio Tecnológico Biomedicina Clínico-Molecular, y presidente de la Agencia Acreditadora de Educación Superior Qualitas. También se ha destacado como miembro del directorio de diversas empresas privadas.