Con la conferencia “Eficacia Penal y Atención de Víctimas, los Desafíos de la Fiscalía hacia el 2022”, el Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Jorge Abbott, inauguró oficialmente el año académico 2017 en la sede Santiago de la Universidad San Sebastián.

Ante una concurrencia integrada fundamentalmente por estudiantes, el abogado analizó la evolución, desafíos y tareas pendientes de la organización que encabeza, y para ello comenzó con un autocrítico análisis respecto de la percepción que la población tiene del sistema judicial. Citando al Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, el Fiscal Abott analizó la forma en que el ciudadano ve hoy la justicia, y por ende, su nivel de confianza frente al sistema.

“La imposibilidad de aclarar los delitos y la distancia entre el investigador y la gente común, particularmente aquella que ha sido víctima del delito produce frustración, descontento, desconfianza, como también lejanía, frialdad, indiferencia y distancia entre los interesados –ofendido y víctima– y la autoridad encargada de protegerlo. Lo mismo produce una especie de estímulo a la delincuencia, desde que tiene mayor protección legal que la víctima y le favorecen también las dificultades para establecer los elementos del delito”, apuntó el Fiscal.

Foco en las víctimas

En base a este diagnóstico, Jorge Abbott realizó un recorrido histórico de la Fiscalía y analizó cómo ha ido evolucionando desde la promulgación de la Reforma Procesal Penal, recalcando que “es importante tener conciencia de cuál es la visión que se tiene de nuestra institución y cuáles son los caminos que debemos recorrer para mejorar nuestra respuesta frente a fenómeno de la delincuencia y de la infracción penal”.

“El antiguo sistema, antes de la Reforma, no contemplaba un sistema que brindara atención y protección a las víctimas y testigos. Hoy en día existe un pleno dominio de parte de la víctima respecto del ejercicio de la acción penal. Hay que recordar que uno de los principales objetivos políticos criminales del Código Procesal Penal fue promover los intereses concretos de las víctimas de los delitos; asimismo se elevó a categoría de principio básico el deber de los órganos de persecución penal de dar protección a la víctima durante todas las etapas del procedimiento, y se le otorgó el estatus de sujeto procesal, sin necesidad de constituirse en querellante, al mismo tiempo que se le reconocieron una serie de derechos que buscaban romper su situación de marginación”, agregó.

“El Ministerio Público está obligado a velar por la protección de la víctima en todas la etapas del procedimiento penal, y debe tomar todas las medidas para poder asegurar las acciones civiles que pueda ejercer en el futuro la víctima. En definitiva, será deber de los fiscales durante todo el procedimiento adoptar o solicitar medidas para proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubiere de soportar con ocasión de los trámites en que debieren intervenir”, explicó.

Entre las acciones que hoy en día la ciudadanía debe tener claras a la hora de enfrentar un proceso, el Fiscal Nacional mencionó que “los fiscales deben entregar información acerca del curso y resultado del procedimiento; ordenar o solicitar a tribunal medidas destinadas a la protección de la víctima, informarle sobre su eventual derecho a indemnización; escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación. A partir de una serie de normas, el Ministerio Público debe hacerse cargo de estas obligaciones y para ello se creó la División de Atención a las Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional y sus unidades regionales”.

“El compromiso de la Fiscalía Nacional consiste en instalar al Ministerio Público como un actor principal en la persecución penal y relevante en la política criminal, para lo cual debemos integrarnos con los demás organismos estatales, ministerios, policías, poder judicial, comunidad, juntas de vecinos, usuarios y víctimas, a fin de complementar esfuerzos con el fin de ejercer un control eficaz de la criminalidad, siempre considerando con especial atención y protección a la víctima de delito. Y esa integración también tiene que ver con la academia”, finalizó Jorge Abbott.

Participación y responsabilidad

Durante la ceremonia, el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, destacó el desarrollo de la casa de estudios en la sede Santiago, “que con apenas 10 años de vida en Santiago ya ha hecho una contribución significativa en cuanto a la incorporación de las mujeres al mundo universitario. De hecho, dos de cada tres alumnos de la USS, son mujeres”.

En un contexto académico, invitó a los nuevos estudiantes a ser protagonistas de su formación, pero también a ser actores sociales. “Es inapropiado que muchos reclamen por la situación del país si no participan en lo más importante para que cambie, como es la elección de las autoridades”. Hizo un llamado “a la participación, porque en alguna medida es el ejercicio de la responsabilidad. En el último tiempo hemos tenido un exceso de ejercicio de derechos, que existen y son importantes, pero la sociedad cae en una situación de problema si no va acompañado de ejercitar su responsabilidad”.

Por su parte, la vicerrectora de la sede Santiago de la USS, Patricia Acuña, valoró la intervención del Fiscal Abbott, en razón de “lo importante que es para nuestra sociedad el conservar un espíritu crítico y propositivo acerca de lo que sucede en cada una de sus partes y con cada uno de sus miembros, particularmente con aquello relacionado a temáticas sociales vinculadas con problemáticas como la delincuencia, la inequidad o la pobreza, entre muchas otras”.

“Creo que debemos mantener el espíritu permanente de análisis y reflexión acerca de la realidad chilena, incluyendo aquellos ámbitos donde la delincuencia ha estado presente con las temidas consecuencias que trae consigo, concretamente para las víctimas de los mismos”, planteó la autoridad académica.