Con matices, los tres ex ministros de Educación que participaron en el seminario “Educación Superior: proyecciones para Chile desde la experiencia” en la Universidad San Sebastián Concepción, plantearon que el proyecto de ley de educación superior actualmente en el Congreso requiere modificaciones. Entre los cambios mencionaron que es necesario limitar las facultades de la Subsecretaría de Educación Superior.

Mariana Aylwin, ministra de Educación del gobierno de Ricardo Lagos y actual directora ejecutiva de la Corporación Educacional Aprender; Sergio Bitar, también ministro de Educación de la administración Lagos y hoy presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, y Harald Beyer, titular de la cartera de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera y actual director del Centro de Estudios Públicos, CEP, analizaron en profundidad la iniciativa en discusión y los desafíos del sector.

La concurrida actividad, comenzó con el saludo del vicerrector de USS Concepción, Sergio Castro, quien planteó que, más allá de que la USS sea un actor dentro del debate, busca generar instancias para promover la reflexión sobre el futuro de la educación superior. “Nuestra convicción es que al interior de un ambiente universitario de genuina calidad, debe darse el contraste de ideas y visiones que ayuden a cimentar un pensamiento crítico, entendido como una condición intelectual mucho más profunda que la simple crítica”, dijo.

Luego Harald Beyer comenzó su exposición planteando que en el año 2010 en el país había altos grados de acuerdo en educación superior, que se reflejaban en el informe de la Comisión Asesora Presidencial de 2008, en informes del Banco Mundial y la OCDE, además de diversas publicaciones de universidades y centros de estudios.

Esos acuerdos, sostuvo, terminaron tras las manifestaciones de 2011. En su caso particular, sostuvo que “tengo un juicio muy crítico del proyecto de Educación Superior, es un proyecto que ha generado poco acuerdo”. Indicó que hay un listado de problemas como la calidad, pertinencia y evaluación de los beneficios y costos de los programas, además del financiamiento estudiantil. Respecto de este último tema, subrayó que “todos los países están viendo cómo equilibrar el gasto público y el gasto privado. La duda es si nos queremos parecer a Alemania, donde todo es gasto público, o a países como Inglaterra, Australia o Canadá en que hay un equilibrio”.

Respecto de la gratuidad, indicó que “la educación superior es un derecho, pero la gratuidad no me asegura que ese derecho se cumpla, porque gratuidad no es lo mismo que acceso”. Agregó que, independientemente de que se esté o no de acuerdo con la gratuidad, “está mal diseñada, con este modelo se pueden privilegiar carreras caras que no tengan pertinencia”.

En relación al Consejo de Rectores, planteó que su consolidación “como un organismo asesor no está en línea con la realidad del sistema de educación superior. Invita a una ‘corporativización’ impropia de la política de educación superior”.

Dijo que si bien se abre la posibilidad de que otras universidades se integren al Cruch, se les plantean exigencias que incluso nueve de los actuales miembros no cumplen, además de obligarlas a adscribir a la gratuidad.

Diagnóstico

Mariana Aylwin comenzó su intervención con un diagnóstico. Dijo que hoy tenemos una cobertura bruta de 86,6%, siendo el promedio de América Latina poco más de 40%. Puntualizó que la inversión en Educación Superior es de 2,5 del PIB, “es cierto que dentro de esta cifra más de un 60% es inversión privada, pero el gasto público se ha ido acercando al privado gracias a la gratuidad, becas y el aumento del CAE”. Dijo que en el país se titulan al año 160 mil profesionales, cifra mayor que el promedio OCDE, y que tenemos la menor deserción de América Latina.

“No tenemos un diagnóstico compartido, no hemos logrado la construcción de políticas públicas sobre evidencia y datos que todos comprendamos de la misma manera. Hemos construido políticas públicas sobre la base de un diagnóstico más pesimista que no se condice con la realidad, es efectivo que tenemos desafíos y brechas, pero también avances”, indicó la ex ministra. Uno de los temas que le inquieta del actual proyecto de ley es el excesivo poder que se le otorga a la Subsecretaría de Educación, un organismo que depende del gobierno de turno y que tendría la facultad de fijar matrículas, aranceles y estándares de calidad, indicó.

Las exposiciones fueron cerradas por el ex ministro Sergio Bitar, quien sostuvo que “hemos avanzado, pero tenemos problemas, por lo que era necesario hacer cambios y el rumbo que hemos tomado es el adecuado, porque la educación superior es un derecho y no un bien de consumo”.

Respecto del CAE, dijo “en la época en que se implementó no había recursos y no podíamos dejar sin acceso a un amplio grupo de estudiantes, yo pensé que podríamos haber bajado antes la tasa de interés antes, pero luego vino la crisis de 2008”.

Sobre el proyecto de ley del gobierno, “a mi juicio, con todas sus deficiencias, mejora el acceso, mejora la regulación de todas las universidades, mejora la calidad y la coordinación. Es un paso hacia adelante, pero se debe mejorar en el Senado”, concluyó.

Luego de las tres exposiciones, el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, moderó un panel.