La mayor parte de este negocio se mueve por Internet y no sólo se trata de suplementos alimenticios o vitaminas que pueden no tener la exigencia de registro sanitario, sino que de medicamentos que sí tienen la obligación de contar con él, para garantizar calidad y seguridad a los pacientes. 

Se trata de ansiolíticos, anticonceptivos, anorexígenos e incluso medicamentos oncológicos. De hecho, existen productos que son falsificados, imitaciones o cuyo etiquetado es fraudulento para inducir a engaño a quien lo compra. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene campañas activas para controlar este comercio ilegal junto a Interpol. A nivel local el Instituto de Salud Pública es el encargado de evitar que estos productos ingresen al país. 

José Manuel Cousiño, químico farmacéutico y académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, señala que la OMS define como medicamento falsificado a “aquel producto etiquetado indebidamente de forma deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad y fuente”. 

Asimismo, agrega que “la falsificación puede afectar tanto a productos de marca como genéricos. Estos productos falsificados pueden incluir ingredientes correctos o incorrectos, con principios activos, sin ellos o formulados en forma insuficiente”. 

La OMS estima que más del 10% de los medicamentos que circulan en el mundo son falsificados y en los países en desarrollo la cifra es cercana al 25%. 

Cousiño explica que el Instituto de Salud Pública (ISP) se rige por el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, donde se establece que el medicamento falsificado es aquel “que no cuenta con registro o autorización sanitaria o que ha sido fabricado o importado por quien no cuenta con autorización sanitaria para ello”. 

Es habitual ver ofertas de medicamentos en internet, no sólo en páginas creadas para ese fin específico, sino también en sitios que venden distintos tipos de productos y con sistemas de pago digitales. 

¿A qué se exponen las personas? A asumir riesgos innecesarios para su salud por adquirir productos adulterados, es decir, aquellos cuya composición y especificaciones en el caso de las materias primas fueron modificados sin autorización previa o bien al comprar medicamentos alterados, o sea aquellos que son productos terminados o fabricados pero que presentan deficiencias en su almacenamiento, transporte y conservación. 

Pesquisa y control 

En muchos países se está trabajando para controlar esta venta ilegal. En una visita a Chile realizada el año pasado, Gustavo Dodera, presidente del Foro Farmacéutico de las Américas y farmacéutico de la Universidad de Buenos Aires comentó que en Argentina, “las compras por internet están prohibidas por ley y la autoridad sanitaria hace un seguimiento a los sitios web y si se detectan estos medicamentos se aplican multas y a los responsables de las páginas se les obliga a bajar la oferta de ellos. 

En la misma línea, Susana Migliaro, químico farmacéutico y bioquímica de la Escuela de Farmacia, Universidad John F. Kennedy de Argentina cuenta que existe un convenio “con la reguladora sanitaria de parte de los profesionales de la salud para denunciar estos casos y contribuir al bloqueo de la página web con el producto para impedir que se difunda”. 

Sin embargo, Migliaro advierte que esta tarea es difícil, porque muchas veces los vendedores modifican las letras o nombres de los productos, para evitar la pesquisa. No obstante, existen una comunicación inmediata con la autoridad sanitaria para bloquear los avisos por la vía informática. 

José Manuel Cousiño dice que en nuestro país el ISP tiene planes de acción para enfrentar la venta ilícita de medicamentos y estos comprenden “la investigación de distintos sitios web que ofrecen productos con o sin registro sanitario o bien que se han salido de la cadena autorizada, es decir, son robados. También se pesquisan los suplementos alimenticios y productos veterinarios a los que se le atribuyen propiedades terapéuticas”. 

El profesor de la Escuela de Química y Farmacia de la USS señala que la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), integra un grupo de trabajo para coordinar la fiscalización y combate de la venta ilegal de estos productos en conjunto con Aduana, la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Carabineros, Servicios de Salud, Interpol y el Ministerio Público. 

Cousiño indica que habitualmente se hacen decomisos de medicamentos robados, ingresados por contrabando o productos que están vencidos y que llegan a las ferias libres. “El ISP va a los laboratorios y revisa las series de los medicamentos y verifica el destino de una partida específica, si llegó a una farmacia o fueron robados los productos”, dice. 

Junto con las visitas inspectivas, están las pesquisas en páginas web y redes sociales, pero para ello se requiere la colaboración de las personas, no adquiriendo estos productos. 

Cousiño señala que se requieren nuevas estrategias para controlar los medicamentos falsificados y su venta ilícita, como una mejor definición del concepto y de los lineamientos de la normativa para frenar su comercialización a través de Internet.