La incertidumbre en la que se encuentra el sistema isapre, no es exclusiva ni desencadenada por la crisis financiera de Masvida, sino reflejo de un problema que se arrastra por años y cuya solución pasa por hacer cambios a la regulación existente, los que aún están pendientes.

Dentro de los cambios que se proponen se mencionan: la fijación de un tope para las utilidades de las isapres, el término de la integración vertical entre seguros de salud y clínicas y que la fiscalización del sector pase a manos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Así lo plantearon el ex presidente de Colmena, Gonzalo de La Carrera y la directora ejecutiva de Altura Management, Victoria Beaumont, en el coloquio “Las Lecciones de Masvida”, organizado por la Universidad San Sebastián, y donde también participó el director de IPSUSS, Manuel José Irarrázaval.

“La Superintendencia de Salud no tiene la capacidad técnica ni de fiscalización financiera para supervisar a las isapres, por lo que una reforma debe contemplar que la Superintendencia de Valores y Seguros sea quien fiscalice”, señaló Beaumont.

Una línea que compartió el ex presidente de Colmena, Gonzalo de la Carrera, quien afirmó que “las Superintendencias debieran ser independientes del gobierno de turno y, la salud como las finanzas públicas, debieran tener organismos autónomos. Además la SVS haría una mejor labor fiscalizando a las isapres de lo hecho por la Superintendencia de Salud”.

El director de IPSUSS, añadió que “las buenas políticas públicas y regulaciones se deben mantener en el tiempo”, y emplazó a que una eventual reforma a la salud contemple la articulación del sistema público y privado porque “Chile es uno solo” recalcó.

Límite a las utilidades e integración vertical

Respecto al establecer un límite de las utilidades, De La Carrera, sostuvo que debiera permitirse un máximo tolerable de un 4%, modificación que debiera ir acompañada de la eliminación de la verticalidad entre las clínicas y el asegurador de salud privado.

“Lo primero que se necesita tanto para el sistema público como para el privado es ganar legitimidad social y creo que si las isapres están cuestionadas en cuanto a su alza de precios, la única manera de acabar con el cuestionamiento es fijándole una utilidad como se hace con el sector eléctrico y del gas y, además, se debería evitar la integración vertical para que cuando se fije esa utilidad no digan que hay ganancia de la isapre y el resto, se lo llevan las clínicas quedando siempre en tela de juicio la real rentabilidad que tiene el sistema, entonces creo que es muy saludable que sean actores independientes”, dijo el ex ejecutivo de Colmena.

Para Victoria Beaumont “se requiere una cirugía mayor, que en lo atingente a las isapres, significaría establecer una rentabilidad justa y conocida, así como revisar lo que está ocurriendo con las judicializaciones del sistema”, explicó. La experta agregó que estiman que este año un 12% de la cartera de las isapres estará judicializada, debido al reajuste de los planes de salud que se espera se anuncie a fines de marzo por parte de las aseguradoras privadas, es decir, se llegaría a unos 200 mil recursos de protección por el alza de los planes de salud. 

Caída de Masvida

Para los expertos la crisis de Masvida está relacionada con el establecimiento de los gobiernos corporativos que generaron una dicotomía entre los dueños y los directivos de este asegurador y el que no hayan subido los precios por mucho tiempo que desencadenó que los “costos superaran a los ingresos”.

Reforma estancada en el Congreso

Sobre el proyecto de ley que reforma al sistema privado de salud (2013) que está en el Congreso, el cual establece la creación de un plan de salud universal a un precio conocido y que algunos parlamentarios han tratado de reflotar, no genera el suficiente consenso entre los expertos.

Al respecto, De La Carrera puntualizó que sería perjudicial porque las isapres fijarían un plan reducido de coberturas, que conllevaría necesariamente a que los afiliados adquieran planes complementarios de salud, lo que impulsaría que las aseguradoras adquieran otra línea de negocios (los seguros complementarios) u otra integración vertical con compañías de seguros.

Beaumont señaló que los pacientes debieran acceder a un subsidio estatal que les permita escoger libremente donde atenderse, a lo que complementaron que los hospitales públicos también podrían ofertar sus servicios, transformándose por ejemplo en recintos especializados.