Muchas veces se ha discutido sobre la naturaleza de las funciones de gobierno, la legitimidad y las exigencias del poder, si es una ciencia o un arte, si requiere de talentos políticos o técnicos e incluso sobre la vigencia de los partidos o ideologías a la hora de ejercer esas tareas, siempre importantes y difíciles.

El cambio de gobierno en Chile ha vuelto a poner el asunto en la palestra, especialmente por lo que ha significado la primera semana de Gabriel Boric en La Moneda. Si analizamos el proceso electoral, los símbolos y el ambiente social, sin duda había un ambiente propicio para el comienzo de la administración de Apruebo Dignidad, el proyecto conformado originalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que ha logrado sumar a los sectores socialistas de la antigua Concertación. Sin embargo, los primeros días hábiles han resultado más difíciles y contradictorios de lo que incluso podrían haber imaginado los propios líderes de la coalición gobernante, muchos de ellos jóvenes y que han ido cosechando éxito tras éxito en sus cortas vidas políticas.

Una breve síntesis ilustra algunas de las primeras contradicciones del nuevo gobierno: la visita de la ministra del Interior Izkia Siches a la Araucanía, donde fue recibida con balazos, en un ambiente de declaraciones cruzadas y críticas a la organización del viaje; las contradicciones entre el ministro Giorgio Jackson y el subsecretario Manuel Monsalve sobre la (in)existencia de presos políticos mapuche; las explicaciones y problemas con el rey de España por las responsabilidades en el atraso en la ceremonia de cambio de mando. Y hay otros temas. Sea por falta de prolijidad, por circunstancias impensadas o por diferencias de criterios, lo cierto es que rápidamente aparecieron ripios y errores no forzados, que obligan a repensar el escenario político.

Como suele ocurrir en estas circunstancias, han surgido de inmediato algunos análisis, que dependen del ángulo que adopte quien interprete la realidad así como de las posiciones políticas previas de los distintos actores. En el gobierno ha habido explicaciones e intentos de controlar la agenda, así como ha sido posible observar un interés por bajar el perfil a los problemas de la primera semana. Los detractores de la administración han aprovechado la ocasión para multiplicar las críticas, observando uno de los problemas que ya habían emergido durante la campaña: se trata de un gobierno joven y poco preparado para las importantes tareas de administrar un país. Es lo que el propio Ejecutivo debería tratar de desmentir en los hechos.

Me parece evidente que es demasiado prematuro para pensar en consecuencias definitivas de estos primeros días. El gobierno está recién aceitando la máquina y la oposición prácticamente no aparece o está ordenando sus propios líos. Los problemas planteados no son ni de lejos los más importantes de Chile, más todavía si consideramos el avance del proceso constituyente, que no solo trae novedades sino sus propias dificultades. Adicionalmente, el gobierno parece bien conformado, con un equipo ministerial sólido, tanto por criterios técnicos como políticos, con presencia de hombres y mujeres, e integrado por personas de vasta experiencia y de otros que llevan pocos años en el ámbito público.

Por lo mismo, parece necesario hacer un ajuste inmediato, apretar las tuercas y comprender que el gobierno es una cosa muy seria, mezcla de arte y de conocimientos técnicos, actividad en la cual el voluntarismo es claramente insuficiente y donde siempre se requiere una fuerte dosis de realismo y capacidad de resolución. Todavía quedan cuatro largos años y sin duda volverán a existir problemas y errores, por lo cual es preciso un aprendizaje rápido y concretar la formación de buenos equipos en todos los niveles, así como estar preparados no solo para llevar adelante el propio programa, sino también para enfrentar las dificultades del camino, las realidades políticas adversas y los problemas sobrevinientes.

Hay dos ángulos que impiden ver adecuadamente las difíciles funciones de gobierno, que oscurecen la realidad y hacen suponer –falsamente– que las cosas son considerablemente más fáciles de lo que en realidad son. El primero de esos puntos de vista se produce cuando los partidos o conglomerados están en la oposición política, pues desde ahí todo parece más fácil de lo que en realidad es. Los partidos que están fuera del gobierno suelen exigir a quienes detentan el Poder Ejecutivo soluciones rápidas y que habitualmente implican considerable gasto de recursos; suelen amenazar con marchas, interpelaciones y otras formas de acción política frente a lo que consideran el egoísmo o la incapacidad de los administradores del poder. La otra mirada miope, pero que se expresa con notable claridad, aparece en las campañas presidenciales, periodos de sobreabundancia de promesas y de certezas de un futuro mejor, con el objetivo de captar apoyos electorales o por la incomprensión del significado efectivo de las labores gubernativas. 

Como suele ocurrir, con la llegada a La Moneda, la vista se va agudizando, así como el realismo político tiende a reemplazar al maximalismo y la irresponsabilidad. Hay tres elementos que nos permiten mostrar esta situación para el caso chileno. El primero es una situación de hecho, que se refiere a la disponibilidad de recursos, que se caracterizan por su escasez: con esto las promesas y acciones demagógicas desde la oposición (que parece suponer que el dinero es infinito), se vuelven posturas responsables desde el gobierno. Dos casos ilustran esta situación: la demanda por el sueldo mínimo en $500.000 (quinientos mil pesos) y los famosos retiros del 10%. En el primer tema, la CUT –presidida por la comunista Bárbara Figueroa– ratificó hace solo un año la necesidad de una cifra de medio millón, manifestándose contra la propuesta presentada por el gobierno al Congreso Nacional (ver El Siglo, “Bárbara Figueroa: la CUT sigue defendiendo salario mínimo de 500 mil pesos”, 7 de mayo de 2021). Ahora con el PC en el gobierno, el ministro de Hacienda Mario Marcel ha anunciado que se quiere avanzar hacia esa cifra ¡para el cuarto año de gobierno! Las nuevas autoridades también se han opuesto a la posibilidad del quinto retiro del 10%, en circunstancias que durante meses forzaron la Constitución y la economía con los retiros anteriores. Tiene sentido, aunque no deja de ser molesto y costoso: hoy son gobierno, y con ello responsables de las finanzas públicas, y no una oposición en ocasiones intransigente e irresponsable en medio de la crisis múltiple que afectaba al país.

A todo esto –la realidad de gobernar–se suman otros dos problemas objetivos y muy complejos en el Chile actual. Uno es que Apruebo Dignidad, incluso con el respaldo del Socialismo Democrático, tiene una clara minoría en el Congreso Nacional, si bien puede avanzar hacia una mayoría ocasional en la Cámara de Diputados. Esto obligará al Ejecutivo a concordar ciertas reformas, o al menos a moderar algunas de sus propuestas, para darles mayor viabilidad. El otro es el camino en curso de la Convención constituyente, cuyas propuestas –algunas de ellas maximalistas, extremas e incluso poco democráticas– podrían terminar por alterar todo el panorama político, aunque autoridades de gobierno ya han manifestado que el éxito de la nueva constitución pasa a ser también una condición para la viabilidad del gobierno de Gabriel Boric.

Los próximos cuatro años serán difíciles y complejos, como suele ser el gobierno de las democracias en este siglo XXI. En diversos momentos la administración podrá recurrir a los comodines de siempre para adjudicar culpables –la Constitución de Pinochet, el neoliberalismo, la derecha–, pero en distintas circunstancias deberá responder por sus propias promesas incumplidas, errores, incapacidades o falta de resultados. Es la diferencia entre estar en la calle como opositores a gobiernos de centroderecha o en campaña prometiendo un Chile mejor: es la hora de La Moneda, donde se acaban las excusas, porque es necesario asumir las difíciles responsabilidades de gobernar y de hacerlo bien.

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