La revolución de octubre de 2019 fue muchas cosas a la vez: un estallido de violencia, un movimiento social masivo, una rebelión generacional y el fin de una época y el comienzo de otra.

En cualquier escenario o forma de analizar lo que sucedió entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de ese año, resulta claro que un aspecto clave, para comprender el proceso, que existió una doble ruptura histórica: contra los “30 años” de la democracia chilena y contra las instituciones del país. 

Es habitual que ese sea el sentido y el ritmo de las revoluciones: es necesario romper con el pasado y con sus instituciones, y levantar sobre ellas algo nuevo. A su vez, es preciso cambiar las normas de convivencia política y, por cierto, al grupo dirigente. En otras palabras, un nuevo edificio comienza a levantarse sobre las ruinas del sistema que llega a su fin.

Esa es una de las razones que explica la renuncia del Congreso Nacional a ejercer sus prerrogativas constituyentes en noviembre de 2019, para delegarlas en un órgano tan inédito como añorado por muchos: una Convención Constituyente.

En este órgano aparecieron nombres nuevos, liderazgos distintos, agrupaciones políticas originales y una forma original de elaborar una carta fundamental en Chile. En buena medida, todo ello era una reacción contra las instituciones tradicionales y esa clase política –fuertemente deslegitimada– que había dirigido los destinos del país en las últimas tres décadas de la democracia chilena.

Sin embargo, sabemos que los procesos históricos no son lineales, sino que el camino siempre se muestra alambicado, con recovecos, contradicciones y problemas, que van alterando lo que podría parecer –al menos a primera vista– el curso natural de los acontecimientos. Esto es lo que sucedió, precisamente, con el proceso constituyente, caracterizado por un desgaste interno y la pérdida de la voluntad unitaria que parecía dominar el deseo de cambio constitucional.

Con el paso de los meses comenzó a producirse un desprestigio claro de la Convención y de muchos de sus representantes, también bajaron sus índices de apoyo. Más grave todavía, para las expectativas del cambio histórico, comenzó a crecer la posibilidad de un triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre. 

¿Qué esperar en la actual coyuntura política y electoral? Cuando falta solo unos días para el evento plebiscitario, podría parecer innecesario realizar más proyecciones, pues solo queda esperar unos días para conocer el resultado y, de acuerdo a ello, comenzar a preparar el Chile que viene.

Sin embargo, parece necesario prever escenarios posibles, especialmente en la eventualidad de un triunfo del Rechazo, que es la alternativa que aparece con más probabilidades según advierten diferentes estudios de opinión, y que ha sido factor de análisis tanto del oficialismo como de los sectores contrarios a la carta fundamental propuesta por la Convención. Es decir, el tema relevante no solo es qué pasará el 4 de septiembre, sino que ocurrirá en Chile después de esa fecha, cualquiera sea el resultado, aunque especialmente si triunfa la opción Rechazo.

No basta con anunciar, como si fuera una obviedad o una definición preestablecida, que el triunfo del Rechazo llevará de inmediato a una nueva Convención, que debería elaborar la Constitución de una forma tal que ahora sí tenga un buen resultado final. El tema es mucho más complejo.

Si bien es evidente que desde hace mucho tiempo Chile tiene un problema de discordia constitucional que debe ser resuelto –el 78% votó por la nueva carta en el plebiscito de entrada y se evalúa el rechazo a la propuesta de la Convención en el plebiscito de salida– la verdad es que hay varios asuntos previos que deben ser solucionadas con especial celeridad y de buena manera. De lo contrario, el país sufrirá nuevamente problemas graves, que no tendrán una solución adecuada y oportuna.

Una de las cuestiones fundamentales que debe afrontar el país es recuperar la fortaleza de sus instituciones. La tarea no es fácil, considerando que la Presidencia de la República ha experimentado un claro deterioro en la última década: no es casualidad que tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera gobernaron durante mucho tiempo con una aprobación popular bajo el 25%, como mostraban diversas encuestas; por su parte, el presidente Gabriel Boric es quien ha tenido el deterioro más rápido en el respaldo popular y cuenta con un gabinete débil y que vive en una clara situación terminal.

El problema de fondo es que la superación de la difícil coyuntura nacional posterior al plebiscito requiere contar con un Presidente de la República con liderazgo y capacidad de articular acuerdos, no solo con su coalición minoritaria, sino que también con amplios sectores sociales y políticos que lo ven con distancia o desconfianza.

Felizmente, es difícil pensar que la oposición y los sectores productivos se vayan a restar a colaborar con el gobernante en una tarea de reconstrucción institucional, búsqueda de acuerdos amplios y fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, que hoy aparece debilitado. 

El otro gran fundamento político institucional es el Congreso Nacional, debilitado desde octubre-noviembre de 2019 por el abandono de su función constituyente y que vivió un falso fortalecimiento mediante el llamado “parlamentarismo de facto”.

Es necesario que los partidos políticos, así como el Senado y la Cámara de Diputados, recuperen la iniciativa y la capacidad de implementar una agenda legal que permita destrabar iniciativas y proyectos, abra paso a la recuperación económica y procure acuerdos sociales que vayan al corazón de los dramas y dificultades económicas y sociales que sufren hoy millones de chilenos.

Esto no vendrá solo, tendrá adversarios en el camino y también aparecerán legítimas diferencias entre los diferentes actores. Sin perjuicio de ello, un Congreso Nacional débil o irresoluto, torpe o lento, profundizará la crisis en vez de contribuir a resolverla.

Un buen punto de partida se produciría en caso de que tanto el gobierno como el Congreso logren priorizar una agenda social fuerte, ciertamente acotada, pero clara y con resultados esperables y posibles.

El aumento de los campamentos, la pérdida del poder adquisitivo de las familias, las promesas multiplicadas sin fondos que permitan cumplirlas y el visible deterioro económico son todos factores que dificultan resolver los problemas de forma rápida y con sentido de futuro.

No es claro que los partidos y miembros del Congreso estén conscientes de la urgencia que implican estos desafíos sociales y parece claro que la prioridad de La Moneda es más política y constituyente que económica y social. No obstante esa dificultad, es posible que –como en otros momentos de la historia– la propia crisis, el hastío de los fracasos y el amor a Chile, conduzcan finalmente a definiciones patrióticas y a resultados esperanzadores.

En tareas tan importantes como las que se vienen por delante, el fortalecimiento de las instituciones no es una posibilidad, sino una exigencia, y por lo mismo colaborar en esa dirección es un imperativo patriótico y vital.

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