En el último año y medio Chile ha sufrido los rigores de la división social, de la violencia y de la delincuencia desatada, además de la pandemia del coronavirus con sus dramáticas consecuencias económicas y sociales. Miles de compatriotas han perdido a familiares y amigos, cientos de miles se quedaron sin empleo o sin parte de sus ingresos, la situación del país se ha visto claramente desmejorada y el ambiente general tiende a ser depresivo y poco esperanzador.

Todo esto se da, además, en un contexto político y electoral excepcional en las últimas décadas. Una vez que comenzó el proceso constituyente a fines de 2019, la agenda se modificó de manera sustancial y el cambio de la Constitución ha ingresado al centro del debate político. Sin embargo, dicho proceso no se desarrolla aislado, sino que coexiste con la renovación de alcaldes y concejales, y la primera elección de gobernadores, todo lo cual culminará a fines de este 2021 con unos decisivos comicios presidenciales y parlamentarios.

Uno de los caminos paralelos que ha sufrido Chile junto a esta crisis social y los procesos electorales en curso ha sido la descomposición política que se puede advertir en el seno del Congreso y de los partidos, con la irrupción de un alto grado de populismo, divisiones, falta de serenidad, ausencia de creatividad en las propuestas e incluso un alejamiento de la Constitución y las leyes, que lejos de provocar remordimientos se diría que hasta enorgullece a quienes caen en esas prácticas. La proclamación del “parlamentarismo de hecho” y la promoción –e incluso aprobación– de normas inconstitucionales, reflejan una gran desconfianza hacia las instituciones, muestra elocuente de la crisis política y signo de un cambio de época de final abierto.

Para este miércoles 31 de marzo está anunciado el comienzo de la discusión del tercer retiro del “10%” de los fondos de pensiones ahorrados en las AFP. Se trata de uno de los casos más curiosos de la historia política y legislativa en la historia de Chile. En primer lugar, porque fue pensada como una medida excepcional, por solo una vez, que se realizaba ante la dramática situación económica que vivían millones de chilenos, y que ya va para su tercera excepcional aplicación. En segundo lugar, porque en los diferentes trámites de los proyectos se ha manifestado una y otra vez el carácter inconstitucional de las propuestas, y pese a ello se han discutido, aprobado y se han repartido los fondos involucrados. Y en tercer lugar, aunque parezca una nimiedad, porque casi nadie ha retirado el 10%: millones de personas ya han retirado el 100% de sus recursos, en tanto son numerosos los que no pueden retirar siquiera el 10% por los límites impuestos en las respectivas normas.

Las energías deberían estar concentradas en recuperar los motores del desarrollo y no en seguir golpeando en el lugar equivocado.

Como suele ocurrir, no siempre se dice exactamente lo que se quiere al promover una determinada política pública. En este caso concreto, junto con permitir a los cotizantes contar con recursos frescos y de esa manera limitar los efectos económicos de la crisis, resulta visible a esta altura el ánimo –en ocasiones declarado– de ir destruyendo por tajadas el sistema privado de pensiones y las AFP. De seguir por esta línea de trabajo, en poco tiempo habrá más de 5 millones de personas sin ahorros previsionales, por lo que el sistema estará gravemente afectado. Esto se suma a las propuestas de algunos candidatos presidenciales y de otras figuras políticas, en el sentido de terminar con el actual sistema de pensiones –incluso avanzando a su estatización–, en tanto la reforma que permitiría una mayor cotización y por ende mejores pensiones sigue esperando en el Congreso. Con ese criterio, tal vez sería mejor poder retirar el 100% de los ahorros, de manera de evitar que en el futuro algunos eventuales políticos expropiadores logren dar un manotazo a los recursos mediante una estatización que ya se ha visto en otros países y que ha comenzado a anunciarse en Chile.

Por lo mismo, el tema de fondo al discutir sobre “el 10%” no es el mejoramiento de las pensiones –que a pocos parece interesar–, sino seguramente el reemplazo del sistema y la disposición actual de recursos. Por otra parte, hay un punto político evidente, al acusar al gobierno de que sus medidas no logran llegar a la población entera o no cubren “todas” las necesidades de la población, pese a ser uno de los países del mundo que más ha hecho en tiempos de pandemia. La crispación política muchas veces impide reconocer esos logros y la necesidad de aplauso inmediato exige medidas prontas, olvidando que los recursos siempre son escasos y que las necesidades pueden extenderse hasta el infinito.

De hecho, resulta claro que durante el 2020 los casi 40 mil millones de dólares sirvieron efectivamente a las personas que retiraron parte de sus ahorros previsionales. A muchos les permitieron vivir mejor en un momento en que faltaban ingresos permanentes por el trabajo; a otros les ayudó a pagar deudas y los cuantiosos recursos también permitieron una activación importante de la economía, especialmente del comercio, y es previsible que el nuevo retiro genere similar efecto este 2021. Sin embargo, el martillo está golpeando en el clavo equivocado, o incluso no está golpeando ningún clavo.

Cuando hablamos de desarrollo económico y de progreso social, de mejoramiento de la calidad de vida y de las pensiones, no caben las medidas improvisadas, oportunistas y populistas. Es necesario asumir el camino más largo y fructífero del trabajo intenso y bien hecho, que genera prosperidad en el largo plazo y permite la consolidación del desarrollo de una sociedad. Chile lo ha sabido hacer en el pasado, tras cuatro décadas de crecimiento económico y ampliación de las oportunidades para las personas y sus familias. Repensar la institucionalidad y plantear alternativas de futuro distintas a las que Chile ha tenido en estos últimos cuarenta años no debe significar derrochar los logros alcanzados ni eliminar aquellos rasgos positivos admirados incluso en el extranjero. Las reformas deben ser inteligentes y bien desarrolladas, en tanto el populismo debe dejar paso a la política seria y menos propensa al aplauso fácil.

Retirar un nuevo 10% será un nuevo golpe al sistema de pensiones, entregará recursos extra para la reactivación del comercio y para las personas, así como significará un inmenso gasto futuro para el Estado, por las millones de personas que dejan de tener ahorros para su vejez. Solo una recuperación económica de verdad permitirá mejorar la economía, crear fuentes de trabajo y generar una dinámica virtuosa hacia adelante. Recientemente lo manifestó de manera muy clara el consejero de la SOFOFA Richard von Appen: “Chile necesita un nuevo acuerdo para retomar tasas de crecimiento económico de al menos 5% anual, que permitan generar nuevos puestos de trabajo, aumentar los salarios reales y generar los recursos que financian los programas sociales, para acortar la brecha en cuanto a igualdad de oportunidades” (El Mercurio, 27 de marzo de 2021).

Por lo mismo, las energías deberían estar concentradas en recuperar los motores del desarrollo y no en seguir golpeando en el lugar equivocado.

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