La libertad de expresión integra nuestro catálogo de derechos fundamentales desde 1833 y no sólo es considerada básica para la existencia de una democracia, sino que tiene incidencia fundante en otros derechos angulares, como son la libertad de enseñanza, de culto, de reunión, de asociación y de petición.

En un sólo acto, la Convención pasó por alto el quórum de aprobación reglamentaria exigida por la Constitución, impuso un catálogo con márgenes y alcance difuso de aquello que se puede o no decir, sentencia donde el juez aún no ha sentenciado e inhibe abruptamente el debate constitucional.

El intento persistente de algunos por pautear al resto, en lo que se debe decir y pensar, preocupa y debiera alertar a todos quienes identifican en la libertad de expresión un requisito básico de convivencia social en democracia.

Es inminente que en pocas semanas más, nos veremos frente al intento de instalar normas similares en el contenido de fondo de la Constitución, e inminente es también, que volverán a articular excusas para no respetar las reglas constitucionales de aprobación, esta vez, con un horizonte de afectados ya no de 155 convencionales, sino de 18 millones de chilenos.

La actual infracción a la Constitución junto a ser extremadamente delicada tiene la diferencia de haber contado esta vez con el rechazo de un número de convencionales suficiente para activar el pronunciamiento de la Corte Suprema. Esperamos así sea y no nos quedemos únicamente con las expresiones en redes sociales.