Los últimos días hemos asistido a un vigoroso cuestionamiento por parte de la Superintendencia de Salud, de la Contraloría General de la República y muy especialmente de los medios de  comunicación, a la verticalización de las Isapres y del incumplimiento de la ley, por la persistente presencia  de ejecutivos de las aseguradoras en cargos relevantes en los prestadores. 

Por cierto que la ley debe cumplirse, y la vigilancia de este tema es bienvenida, pero este es un  problema que afectaría a cerca del 25% de la población más rica de Chile, que voluntariamente cotiza en Isapres y escoge prestadores. 

Sin embargo poco se comenta, vigila o censura el hecho que el otro 75% de la población, precisamente aquellos con menos acceso a recursos económicos, está en la práctica “capturado” por el Fonasa y el sistema público de atención de Salud. 

Estas personas son rehenes de un efectivo chantaje por parte de  las asociaciones de empleados públicos, muchos de los cuales están impedidos legalmente de declarase en huelga, y  no trepidan en afectar gravemente la provisión de servicios de salud esenciales para la población, además de otros muy relevantes para la vida normal, como el Registro Civil, Aduanas, Servicio Médico Legal, etc. 

Es más, sólo se ha informado que “el paro fiscal obligó a suspender 16.000 interconsultas y 5.000 cirugías previamente programadas;  alcaldes reconocen que los “turnos éticos”, no dan abasto para responder a las necesidades.  Todo esto en medio de una obvia y permanente crisis de la atención de Salud Primaria. 

¿Por qué las autoridades no dedican mayor energía y vigilancia, ni aplican las disposiciones legales de que disponen para proteger a los más desvalidos? 

En la práctica, este accionar conduce a proteger a los más protegidos y a descuidar a los más vulnerables. Creo que ya es tiempo de exigir ordenar las prioridades, por el bien de la salud de nuestro país y de la inmensa mayoría de los chilenos que se atienden en el sector público.