Desde hace al menos una década la delincuencia ha estado entre los temas que la población considera como más importantes. Por lo mismo, es un asunto recurrente en el discurso de todos los candidatos. Pese a ello, no se han conocido propuestas concretas y potentes en los programas de los candidatos a la Presidencia. Posiblemente, han influido la mala evaluación de las promesas de la campaña presidencial de 2009 y las complejidades para definir políticas públicas sensatas y eficaces, no cosméticas.

Existen discrepancias sobre las cifras de delincuencia, pero lo que ha marcado la pauta es la “sensación térmica” que tenemos en el país. Por cierto, no es una percepción distorsionada; de acuerdo al nuevo índice sobre victimización entregado en octubre por la Fundación Paz Ciudadana, durante 2017 en 4 de cada 10 hogares (39,5%) uno o más integrantes han sufrido algún delito, manteniendo el índice del 2016.  No estamos agobiados por el delito, pero lo relevante para las personas es el cambio experimentado en pocos años, sobre todo en la audacia y violencia de los delincuentes.

Una de las aristas más negativas es el asentamiento del narcotráfico. De acuerdo a los últimos datos del Observatorio del Narcotráfico en Chile, de 2016, existe un aumento progresivo en el comercio de drogas y al menos en 426 barrios críticos impera una “narco cultura”. Estos últimos meses hemos conocido varios casos de personas que han muerto o resultado heridas por “balas locas”, en jardines infantiles, en las afueras de sus hogares o al interior de los mismos.

Es comprensible que se tienda a buscar culpables y a proponer soluciones simples, las que son probadamente ineficaces. Con frecuencia se culpa a la justicia por no ser “dura”, olvidando los derechos fundamentales de toda persona y el hecho que el porcentaje de detenidos en nuestro país es de los más altos del mundo. Sin dudas es un problema muy complejo, con causas multifactoriales, lo que requiere enfoques de largo plazo y de gran voluntad política.

Hemos tenido un cambio de modelo, pero no en el sentido que se discute entre políticos, economistas y sociólogos. Estamos, casi sin notarlo, de a poco transitando hacia un modelo de vida lleno de protecciones, alarmas, guardias, zonas sin policías, drogas sin grandes dificultades de obtener. Sabemos que los recursos del Estado son limitados, pero tenemos que tener en cuenta que este es un flagelo que va en aumento y debemos pararlo a tiempo. Porque todavía no estamos sobrepasados por los delincuentes, es dable enfrentarlos; por ejemplo, es importante definir que no queremos que las cárceles sean verdaderas escuelas de delitos violentos y que quienes están en ellas sigan coordinando bandas.

Si somos consistentes, tenemos que construir más y mejores cárceles, con guardias bien entrenados y pagados de acuerdo al riesgo de su labor; con servicios para menores que funcionen; con policía y fiscales con alta tecnología y recursos para investigar a fondo; con apoyo a la reinserción de delincuentes y rehabilitación de drogadictos. Es una petición muy alta en cuanto a recursos, pero con una rentabilidad social mayor que cualquier otro emprendimiento que podamos imaginar. Es un cambio de modelo que podemos y tenemos que combatir; lo que requerimos son liderazgos políticos fuertes, para tomar decisiones impopulares.