Todos estábamos interesados en contar pronto con una buena ley para una mejor regulación de la educación superior, pero también estábamos de acuerdo en que se requería un marco regulatorio que mirara al futuro y que incorporara el real aporte que hacen todos los actores al sistema.
En el último tiempo las innovaciones respecto a la admisión universitaria han venido por el lado de la incorporación del promedio de notas, y rankings de estudiantes en sus colegios, a los que se asignan puntos en la escala PSU.
No es razonable que la máxima autoridad de educación realice este tipo de afirmaciones sin antecedentes que la respalden. No es posible demostrar que el conjunto de esas instituciones sea mejor que las instituciones privadas.
Hemos tenido un cambio de modelo, pero no en el sentido que se discute entre políticos, economistas y sociólogos. Estamos, casi sin notarlo, de a poco transitando hacia un modelo de vida lleno de protecciones, alarmas, guardias, zonas sin policías, drogas sin grandes dificultades de obtener.
Reflexión sobre proyecto de Ley de Educación Superior: “han aflorado problemas que debemos corregir y conductas que deben sancionarse, pero no desarmar lo que ha permitido tener instituciones mejores y ha ampliado las oportunidades para jóvenes de los sectores más vulnerables”.
Un tema clave respecto a la calidad y equidad es tener alguna una visión acerca de las tendencias que se presentan en el horizonte del trabajo universitario; el proyecto carece completamente de eso, lo que lleva a que no se plantee la flexibilidad necesaria para abordar un futuro incierto.
Quienes plantean la eliminación del CAE no reconocen que esa política pública sería extremadamente negativa, pues significaría dejar sin posibilidades a muchos estudiantes – transversales a nivel socioeconómico- que no tendrían otro método para poder matricularse en una Institución de Educación Superior.
No ha existido diálogo, en el sentido de contraponer ideas y someterlas al análisis. En el gobierno se partió con un diagnóstico equivocado que los parlamentarios dieron por cierto.
Es interesante constatar que este texto sigue muy de cerca, por decirlo así, la propuesta hecha por dos rectores de universidades privadas que, curiosamente, cumplen con esas características.
Hoy sabemos que es necesario hacer cambios que permitan mejorar la calidad de los resultados de las instituciones, junto con incrementar el acceso y las oportunidades a los sectores más desposeídos.
En ciertos momentos, más que reconocer el aporte de las instituciones privadas, se acepta a regañadientes su existencia, planteando un cúmulo de restricciones a sus posibilidades de desarrollo. Existen visiones maniqueas sobre lo que han aportado y pueden aportar las Universidades Estatales o las del Cruch respecto a las privadas, sin considerar la calidad de las instituciones ni su aporte a la equidad.
Sin duda este tema es difícil, porque abordarlo depende del perfil de la universidad; no es lo mismo que esté muy focalizada en la docencia que hacer investigación de punta, o desarrollar actividades de Extensión y Vinculación con el Medio en forma intensa.
La situación actual es que uno de cada tres estudiantes quedaría en instituciones con acreditación condicional o sujeta a la figura del interventor. Si los recursos se concentran en algunas universidades, ¿cómo harán las demás para cumplir con los estándares para avanzar en la complejidad institucional?
El acuerdo del Consejo de Rectores que tampoco permitió que la U. San Sebastián se incorporara a este mecanismo, era absolutamente arbitrario y sin fundamento alguno.
Estadísticamente los puntajes que se obtienen se construyen ajustando los resultados de respuestas correctas a una curva normal, cuya media y mediana se sitúa en 500 puntos. Como el número de quienes rinden la prueba es alto, del orden de 250.000 personas, esa construcción estadística resulta una muy buena representación de los datos reales.
