Las personas en situación de calle están entre los grupos que presentan las formas más dramáticas de exclusión social. Son ciudadanos que precisan “del trabajo coordinado de diferentes actores para enfrentar sus necesidades con sentido de urgencia y responsabilidad”, según el ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Institucionalmente, las personas en situación de calle “carecen de residencia fija y pernoctan en lugares públicos que no poseen las características básicas de una vivienda, a pesar de que cumplan con tal función”.

Su vulnerabilidad se relaciona con la falta de goce del derecho a la vivienda, enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y profundizado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se sostiene que “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada, y una mejora continua de las condiciones de existencia”.

De acuerdo a la ONU, es entendido como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. De este modo, la situación de calle no sólo se refiere al aseguramiento de la disponibilidad y oferta de vivienda, sino que también al cumplimiento de otros derechos, como la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la asequibilidad, la seguridad física, la consideración de las necesidades de grupos desfavorecidos y marginados, el acceso a oportunidades de empleo y de servicios sociales, la localización en zonas que no representen riesgos para la salud, y la consideración y respeto de la identidad cultural. Todo lo anterior configura en sentido amplio el derecho a una vivienda adecuada.

Entre las personas en situación de calle, los adolescentes y los adultos jóvenes pueden convertirse en un subgrupo de mayor vulnerabilidad, porque no cuentan con apoyos familiares, de pares y/o de la comunidad que les permitan hacer una transición apropiada a la vida adulta, produciéndose una transferencia y sobrecarga de responsabilidades a los propios jóvenes.

La falta de vivienda en población juvenil ha sido considerada como el resultado de varios procesos de transiciones interrumpidas o fallidas. La más relevante es la imposibilidad y/o incapacidad para encontrar, costear o mantener un alojamiento independiente, cuando deben dejar el hogar de sus padres o el cuidado estatal. Sin embargo, este proceso no opera de manera aislada, ya que se articula a la interrupción o falla de otras transiciones, como la de la escuela al trabajo, o la de la familia de origen a otras asociaciones o a la familia propia.

Muchos de los jóvenes que llegan a experimentar la situación de calle, han sido objeto de marginaciones y descuidos a lo largo de sus vidas por parte de sus familias, de las instituciones y de la sociedad en general. Así, han experimentado una diversidad de carencias como la falta de acceso a atención médica regular, a condiciones mínimas y básicas de higiene. Además muchos sufren explotación sexual, lo que los posiciona como un grupo con mayor riesgo para preservar su salud sexual, reproductiva, mental y emocional.