En Chile, en las últimas cuatro décadas se han producido cambios de notable profundidad que han afectado la experiencia de la sociedad y también de la infancia.

En este contexto de cambios, actualmente nuestro país se encuentra en un proceso de importantes modificaciones a la política social focalizada de la infancia y adolescencia, liderada desde el año 1979 hasta la fecha por el Servicio Nacional de Menores (Sename), lo cual viene a responder a históricos requerimientos de distintos estamentos de la sociedad, en la búsqueda de garantizar un conjunto de condiciones básicas para el desarrollo de la infancia mediante políticas públicas y mecanismos legales-institucionales.

Así también, se busca promover un cambio de paradigma en la comprensión y abordaje de las instituciones que trabajan en infancia, transitando de un enfoque de necesidades, a un enfoque de derechos en sintonía con los principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Chile el 14 de agosto del año 1990.

Los recientes anuncios presidenciales en torno a la creación de dos nuevos Servicios Públicos en reemplazo del Sename, Servicio de Protección Especial de la Niñez y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, a cargos del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Justicia respectivamente, sumado a la ratificación del Senado de la abogada Patricia Muñoz como Defensora de la Niñez, vienen a actualizar el sistema actual de protección de la infancia de acuerdo a estándares internacionales.

No obstante, es importante tener presente que la instalación de los nuevos Servicios y la figura del Defensor por sí sola no resuelve la deuda pendiente con la infancia en Chile y no garantiza necesariamente que las falencias evidenciadas en el Sename sean superadas. 

Resulta crucial transitar de un enfoque de provisión de servicios hacia otro más amplio e integral, que conlleve la participación real de los involucrados y de la sociedad civil, generando redes de trabajo a nivel local y regional articuladas eficazmente con los esfuerzos nacionales, con el fin de avanzar en todos los niveles de trabajo en el establecimiento de una cultura por sobre un sistema orientado no solo a la protección integral de la infancia, sino que también a promover su participación efectiva y real en la sociedad.

La evidencia y experiencia de otros países que ya han transitado por este camino, demuestra la importancia de la participación transversal en la elaboración, implementación y evaluación de cualquier política pública, siendo dicha participación un requisito del fortalecimiento y profundización de la democracia.

En la misma línea es importante avanzar en el fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos de la niñez y de la adolescencia, favoreciendo la articulación sectorial, de las familias y de la comunidad, con el objeto de entregar respuestas coherentes, complementarias y pertinentes culturalmente. Un rol de actoría social importante recae en los niños, niñas y adolescentes, superando lógicas adultocéntricas, mirada del mundo que plantea básicamente un estatus de superioridad en diferentes dimensiones de las personas adultas por sobre los niños, niñas y jóvenes.

Superar esta visión, permite hacer visible a la infancia, resaltando que el derecho a la participación tiene sentido sobre todo en aquellos temas que tengan que ver con la propia existencia y el propio futuro de las personas. Permite visualizar de manera integral a los niños, niños y adolescentes, mas allá de las vulneraciones de derechos. De ahí la importancia de generar políticas integrales que garanticen y promocionen el ejercicio pleno de derechos de todos los niños y niñas del país, reconociendo en todo momento que la relación de Chile con la niñez y adolescencia no solo se suscribe a los nuevos Servicios y la Defensoría de la Niñez, sino que es mucho más amplia abarcando a la sociedad civil y el amplio espectro del sector público (salud, educación, desarrollo social, justicia, entre otros).

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Diario El Heraldo Austral