El gasto en medicamentos representa una proporción importante del gasto de bolsillo en salud de los hogares (costos no cubiertos por los seguros). Este es aún más altora adultos mayores y personas con condiciones crónicas, situación que se prevé vaya creciendo en el tiempo, debido al envejecimiento de la población.

Una forma rápida y eficiente de reducir el gasto en medicamentos es la existencia de múltiples alternativas para abordar una condición de salud, que compitan entre sí, para que se pueda elegir la más barata. La bioequivalencia tiene un rol fundamental en ello, puesto que certifica que la calidad y comportamiento clínico de dos medicamentos, uno original y una copia, es la misma. Pero, además, dado que entre el paciente y el medicamento existen intermediarios, como los profesionales de la salud que prescriben la receta y quienes dispensan el medicamento en las farmacias, ellos también deben aportar al uso del medicamento menos costoso.

Lamentablemente, primero, la obligación de demostrar bioequivalencia ha sido una política que no se ha impulsado siempre con igual fuerza, llegando en 2023 a 4.844 productos certificados como tales, con 250 principios activos pendientes hacia septiembre de 2025. Segundo, si bien las personas hemos ido comprendiendo la bioequivalencia, aumentando con ello la participación de medicamentos más baratos, el proceso ha sido lento, limitando su efectividad. En efecto, existen problemas asociados a la falta de competencia en este sector, como lo señala, por una parte, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) evidenciando diferencias entre los precios de medicamentos originales y bioequivalentes sin marca, de hasta 8 veces y, entre bioequivalentes con y sin marca, de hasta 5 veces. Por otra parte, la Fiscalía Nacional Económica (2020) concluyó que los bioequivalentes de marca reducen la competencia en precios, proponiendo una serie de medidas, apuntando al fomento de aquellos sin marca.

Por tanto, se requieren medidas de mayor impacto, como las que desarrollamos en un trabajo del Ipsuss, incluyendo: (i) informar eficientemente a los prescriptores (médicos y otros profesionales de la salud), dispensadores (personal de farmacias) y a la población sobre la equivalencia terapéutica e intercambiabilidad, (ii) incorporar la lógica de recetar por el nombre genérico del medicamento y no por la marca, algo factible desde que se cuenta con el respaldo informático, (iii) incentivar prácticas que fomenten la venta de las alternativas más económicas, por ejemplo, mediante una tarifa igual en cada farmacia por la venta de dos medicamentos bioequivalentes, como lo propone la FNE, entidad que también menciona el (iv) incluir la cobertura de medicamentos en los planes de salud, para que los aseguradores compren grandes volúmenes de un mismo medicamento, consiguiendo menores precios, beneficiando así a las personas.

Estas medidas ya se aplican en muchos países desarrollados, mejorando el acceso y estado de salud y la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellos más enfermos y de menos recursos. En momentos en que se discuten reformas al sector salud, se debe abordar uno de los ítems que más afectan al bolsillo de los chilenos.

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