El próximo 3 de octubre se cumple un año de la puesta en marcha de la Ley 21.057, sobre declaraciones judiciales videograbadas a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Desde esa misma fecha comenzará a implementarse la segunda etapa de la normativa, para concluir el 2021 con la totalidad de las regiones del país.

La forma en que se ha desarrollado la ley, que busca prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, fue analizada ayer en el ciclo de Coloquios “Seis propuestas para Chile” – organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS)- a partir del  “Estudio sobre percepción de jueces y juezas respecto de la implementación de la ley 21.057 de Entrevistas Grabadas en Video y Otras Medidas de Resguardo a Menores de Edad Víctimas de Delitos Sexuales”.

En el encuentro, moderado por el ex intendente Claudio Orrego, participaron la defensora de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz; la Directora Ejecutiva de la Fiscalía Nacional, María Francisca Wert; y el decano de Psicología de la USS, Klaus Droste.

En este contexto, la Defensora de los derechos de la niñez instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a evaluar la puesta en marcha de la primera etapa de la ley, “desde una perspectiva de indicadores que aborden todo lo que tenga que ver con la implementación, pero también con el abordaje de los destinatarios de la política para que no sea sólo un tema de percepción, sino que a través de indicadores cualitativos y cuantitativos podamos ver la efectividad de la reforma que se ha generado”.

Según la Defensora, “se debe generar un estudio a través de un grupo de expertos donde se aborden todos los ámbitos que involucra la aplicación de esta ley, en términos de implementación, de exigencias y brechas institucionales, de lo que ha pasado con cada uno de los partícipes de  las instituciones de esta ley, pero también que incluya qué es lo que evalúan, quiénes son los destinatarios de la ley, o sea, los propios niños, niñas y adolescentes, sus familias y otras personas que operan e interactúan en el contexto de esta ley”. 

A juicio de Muñoz, lo anterior “permite tener claridad de cuáles son las brechas y cuáles son las necesidades que el Estado tiene en términos de hacer cambios a la estructura de implementación que ha definido para la primera etapa. Si no se evalúa se siguen perpetuando en el tiempo acciones que no necesariamente son acordes a lo que uno pretende en términos de objetivos de una legislación o política pública”.

Por su parte, la Directora Ejecutiva Nacional de Fiscalía Nacional dijo que “toda política pública debiera tener una evaluación; es un acto de responsabilidad del uso de recursos (…) del beneficio y del retorno para los objetivos para los que fue hecha la ley, (pero) sí hay que darle al sistema un tiempo de implementación, porque básicamente una evaluación muy temprana implica también poder detectar nudos que a lo mejor no se van a solucionar en una implementación ya más generalizada”. 

La abogada añadió que “esta ley es un cambio sistémico, no es solamente el uso de la videograbación, la forma en que nos aproximamos a los niños. Esto tiene que ver con cómo los policías hacen su trabajo, cómo cumplen este rol de entrevistadores, lo mismo con el Ministerio Público, para qué decir con el Poder Judicial. Y este nuevo rol de intermediador y este cambio de mirada y comportamiento, incluso en la audiencia, además requiere de una sensibilización del sistema –el estudio lo menciona- por ejemplo, de cómo se comporta un profesor que recibe una revelación de un niño, o el portero o vecino del niño. Y en ese sentido es necesaria una comunidad, un intercambio permanente de experiencias”.

Finalmente, el decano Klaus Droste indicó que “en la medida que se pueda ir evaluando la implementación se ayuda a que las cosas mejoren, así que, si hay posibilidad de hacerlo, me parece muy bien que quienes sepan de la materia den un diagnóstico de algún problema que esté suscitándose. Me parece bueno para hacer la corrección”.

Respecto al estudio en que en que se basó el Coloquio, Droste destacó “el cuidado que han tenido los investigadores en recalcar o hacer visibles aspectos cualitativos, que le agregan valor a ser la implementación de una ley que resguarde a los niños. La expertis de los investigadores y la delicadeza que ellos tienen -por el genuino bienestar de la infancia- ayuda a que sea muy fino en su análisis”.