En todo el mundo, los gobiernos han intentado implementar diferentes estrategias que faciliten la transición desde el uso de automóviles que utilizan combustibles fósiles hacia opciones de transporte más sostenibles.

En Chile, el uso del automóvil ha tenido un aumento sostenido, convirtiéndose en la segunda principal fuente individual de emisiones a nivel nacional, representando el 22,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según reporte del Ministerio de Medio Ambiente, antes del COVID-19. “La principal causa en el aumento de las emisiones del sector es el crecimiento del parque automotor, inducido por la expansión de la población, el mayor poder adquisitivo y el mejoramiento de la infraestructura vial en el país”, explica el investigador de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la U. San Sebastián, Carlos Melo.

Él es director del Centro de Ingeniería y Políticas Públicas e imparte los cursos de Transporte y Territorio, Gestión de la Calidad, Introducción a la Ingeniería Industrial, en las carreras de pregrado de la Facultad. Además, forma parte del claustro académico del Magíster en Dirección de Operaciones, Logística y Distribución.

El académico sostiene que frente a esto, las ciudades han intentado desarrollar estrategias que promueven la micromovilidad baja en carbono, la promoción del transporte activo o el incentivo al uso del transporte público. Asimismo, este escenario de mayor congestión también ha llevado a los usuarios a buscar alternativas de transporte que les permitan reducir sus tiempos de desplazamiento, en forma cómoda, y reduciendo las emisiones generadas. La micromovilidad es una opción crecientemente adoptada para realizar estos desplazamientos, especialmente tras la pandemia de COVID-19.

Investigación

El proyecto de investigación de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, uno de los ganadores del Concurso de Políticas Públicas 2020, indagó en las características de quienes utilizan este tipo de medios de transporte, los viajes que realizan y sus necesidades en términos de infraestructura y seguridad vial, para así identificar cuáles son los factores relevantes que permitirían aumentar la proporción de viajes en estos modos.

“El objetivo del proyecto -explica Melo- es proponer a la autoridad modificaciones que permitan aprovechar el potencial de la micromovilidad para mejorar los desplazamientos urbanos. Esto en dos ámbitos: normativo y de organización e integración de los sistemas públicos de micromovilidad en el ámbito urbano”.

Propuestas

  Aumentar los recursos destinados a la fiscalización de la normativa vigente y el cumplimiento de la Ley del Tránsito.

  Incorporar la administración de los sistemas públicos de micromovilidad a la gestión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

   Incluir explícitamente en la normativa la prohibición de estacionar bicicletas y scooters en aceras y antejardines, definiendo la existencia de áreas específicas para estos fines.

  Exigir a las empresas operadoras de sistemas públicos de micromovilidad la entrega de datos de uso de sus vehículos a los organismos encargados de la planificación urbana.

 Establecer una normativa específica para los vehículos con características similares a los comprendidos dentro de la categoría de ciclos, pero que superan los límites de velocidad establecidos en la normativa vigente.

 Fomentar el desarrollo de infraestructura que facilite la integración entre la micromovilidad y el transporte público.

 Privilegiar el desarrollo de infraestructura especializada para circulación de los ciclos en las calles.