Tal vez lo más controvertido, es que si las instituciones no adscritas a la gratuidad desean participar, que se comprometen a financiar con recursos propios el copago de los estudiantes que pertenecen a los seis primeros deciles de ingreso.
La reciente promulgación de la nueva Ley de Educación Superior no ha sido objeto de festejo alguno. Es evidente la incomodidad de las nuevas autoridades con una reforma que va contra el espíritu de un gobierno que expresa su preferencia por un Estado robusto para resolver urgencias sociales graves, pero facilitador, amigo de la sociedad civil y no invasivo. Aquí ocurre lo contrario.
