El Sistema de Financiamiento Solidario (SFS) anunciado por el Presidente Piñera para la educación superior crea un nuevo crédito que tiene varias ventajas para los estudiantes. En lo sustantivo, tasa de interés subsidiada de un 2%, cuotas de pago con un tope máximo de 10% del ingreso laboral del egresado, condonación de la deuda al cabo de 15 años.

Además, aumento de hasta un 50% del monto a prestar respecto del arancel regulado, que varía según la vulnerabilidad social y la acreditación institucional. Esto debiera generar una importante reducción en el copago del estudiante. La cobranza se hace mediante descuento por planilla del empleador, lo que, sin duda, bajará la morosidad que actualmente alcanza a un 30% en el CAE. La Tesorería de la República hará de caja recaudadora. La mayor recuperación en el largo plazo será una buena noticia para el fisco. Pero habrá un impacto fiscal en el corto y mediano plazo. Desde luego, sale la banca privada del financiamiento de los préstamos y el Estado se hace cargo de aportar los fondos. Además, el menor copago del estudiante significará un mayor gasto fiscal.

La otra novedad del crédito, y tal vez lo más controvertido, es que si las instituciones no adscritas a la gratuidad desean participar, que se comprometen a financiar con recursos propios el copago de los estudiantes que pertenecen a los seis primeros deciles de ingreso. O sea, otro beneficio estudiantil que hoy no está presente. Si lo hacen con un préstamo, debe ser al 2% de interés y con plazos similares al crédito fiscal. Esto tenderá a frenar alzas en los aranceles de las instituciones. Aunque no es equivalente a una fijación de aranceles ya que no se impiden las alzas, es evidente que pone freno a los aumentos de precios.

¿Tiene sentido una política pública con esa exigencia? La respuesta es compleja. Por un lado, logra un propósito virtuoso de fomentar el acceso y la libertad de elección a cualquier estudiante elegible de esta ayuda por cuanto el acceso a la educación es "gratuito" a la entrada. Además, el hecho de comprometer a la institución a financiar la brecha debiera inducirla a ser más cuidadosa al momento de cobrar aranceles mayores.

En efecto, al financiar el copago, las instituciones se hacen, en parte, responsables financieramente de los salarios y empleabilidad de sus alumnos egresados, así como de la retención de los estudiantes beneficiados con este crédito, para asegurar el éxito en sus estudios y garantizar la recuperación.

Además, al no haber copago, mejora la posición competitiva de estas instituciones, porque las adscritas ya ofrecen gratuidad a sus estudiantes. Con todo, la validez de todo lo anterior exige, por un parte, que los aranceles que fijan los montos del préstamo por carrera reflejen adecuadamente los costos de la docencia, y la experiencia demuestra que cabe ser escéptico frente a este supuesto.

Segundo, no hay que olvidar que la mayoría de las universidades tradicionales goza de aportes institucionales directos, y las estatales, de aportes especiales, todo lo cual permite fijar menores aranceles de lista que las privadas. Una variante de lo mismo: hay carreras poco "rentables" en el mercado, pero que generan bienes públicos valiosos y cuestan dinero. Si ellas generan desfinanciamiento porque la recuperación de los créditos es baja, habrá incentivos a cerrarlas. ¿Esa es la idea? Tercero, la cobranza de este crédito "propio" no puede tener condiciones inferiores al crédito del Estado. Debe gozar de las mismas condiciones de recuperación participación proporcional fisco-institución en el 10% de pago del egresado, descuento por planilla y cobranza de la Tesorería. Es indispensable considerar estos factores de riesgo, a fin de evitar que el nuevo instrumento no distorsione decisiones que, en el margen, dañan la calidad.

El Gobierno ha honrado su palabra sobre reemplazar el CAE. No hay duda de que la mayor virtud del nuevo instrumento es continuar bajando las barreras de acceso a la educación superior de un modo efectivo sin recurrir a una injusta gratuidad universal. La interrogante que queda sin resolver es cómo se integra este sistema con la nueva ley sobre educación superior en materia de financiamiento. Por ejemplo, ¿en qué condiciones quedan las universidades adscritas a la gratuidad, que reciben montos máximos no superiores a 1,2 veces el arancel regulado? Hay muchas dudas que despejar y el Gobierno debe estar preparado para responderlas en el Congreso.