En el país hay un médico por cada mil habitantes según el informe de la OCDE 2015, lejos de las recomendaciones internacionales, donde la tasa es de tres doctores por cada mil habitantes. Pero detrás de este número se esconde una profunda inequidad regional en su distribución. Los profesionales se concentran en las principales ciudades y cuesta que un facultativo con experiencia se traslade a lugares como Arica o Magallanes.                                     

Esta brecha no es estática. Se va modificando según el crecimiento económico del país, el envejecimiento de su población y el cambio epidemiológico, la aparición de nuevas tecnologías que requieren de profesionales capacitados para su manejo, entre otros determinantes.

Al respecto, surge una pregunta insoslayable: ¿cómo avanzar en una mejor eficiencia en el uso del recurso humano? Este fue un tema que se abordó en el Coloquio ¿Cómo se forman los futuros profesionales de la salud?, donde participaron como expositores Luis Castillo, decano Facultad de Medicina U. San Sebastián, Antonio Orellana, presidente de Asofamech, Jaime López, coordinador Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente, Ministerio de Salud y Pablo Araya ex jefe del Departamento de Especialidades Médicas del Minsal.

Los expertos plantearon que se debe avanzar hacia un mejoramiento de las remuneraciones en el sistema público, así como otros incentivos; ampliar los programas de especialización y de perfeccionamiento, realizar una adecuada planificación junto con el Ministerio de Salud de los planes de formación, analizar la oferta de formación de los campos clínicos y llegar a acuerdos con las sociedades de especialistas para disminuir la resistencia a formar nuevos profesionales en las áreas más deficitarias.

Campos clínicos

De todos estos temas, donde existe mayor controversia es en la asignación de campos clínicos debido al cambio de normativa que hará el Ministerio de Salud a partir de octubre. Esto no es menor considerando que en los últimos 10 años las facultades de Medicina se incrementaron de 12 a 22, pasando de 738 egresados en el 2001 a 1.979 anuales en 2014, según datos de Mi Futuro del Mineduc.

El ex jefe del Departamento de Especialidades Médicas del Minsal, Pablo Araya indicó que “las universidades y los decanos están angustiados porque no hay tantos campos clínicos como universidades”. El médico es partidario de que las instituciones educacionales establezcan una relación con el campo clínico.

“Creo que es como un estadio, no puede ser para dos equipos. A mí me parece que la identificación es vital. En el pregrado no puede haber cohabitación, pero tampoco puede existir que las ues tengan múltiples hospitales porque al final pierden el interés por mantener y por prestigiarse con un hospital determinado”.

Sobre este punto el coordinador nacional de Calidad y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud, Jaime López, indicó que “a nosotros lo que nos interesa es optimizar el uso del campo clínico, tener mayor disponibilidad de su uso efectivo, regulado en términos de calidad, de dignidad del espacio formador, tanto para el alumno como para nuestro paciente. En la nueva normativa (vigente a partir de octubre) lo que se establece es que es posible que puedan estar dos centros formadores utilizando un mismo espacio clínico, toda vez que haya alguno de ellos que no lo esté usando adecuadamente”.

López agregó que “lo que no vamos a permitir por un principio de protección hacia el paciente, es la cohabitación del espacio sanitario. Esto significa que en una misma cama, en una misma camilla, en un mismo box no pueden haber dos universidades de una misma carrera porque eso significa tensionar al paciente”.

El encargado de los campos clínicos del Minsal sostuvo que para la asignación uno de los requisitos principales es que “las carreras estén acreditadas, que tengamos un aporte por parte de los centros formadores al programa de formación de especialidades médicas, que se incorpore la estrategia de atención primaria en el proceso formativo, que tengamos un aumento o por lo menos una oferta bastante interesante en lo que es la supervigilancia o la supervisión docente de los alumnos”.

Para el presidente de Asofamech, Antonio Orellana, “lo que nosotros queremos impulsar en esta alianza estratégica entre las universidades y Minsal es hacer que todos los médicos que trabajan en los servicios públicos tengan una labor docente. De manera que se sepa que cada alumno que ingresa a un hospital hay varios médicos que tienen la responsabilidad de tutoriarlo, seguirlo, corregirlo y evaluarlo. Esto lo empujaremos a través de que el Minsal pueda asignar a esos docentes desde el lado ministerial puedan estimular económicamente a esos médicos, que van a efectuar una labor también docente sin que tengan que pertenecer directamente a la universidad”.

El ex subsecretario de Redes Asistenciales, y decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Luis Castillo, considera que “la cohabitación es tolerable siempre y cuando no sea en el mismo servicios clínico y los programas educativos sean cercanos en el manejo valórico y manejo clínico de los pacientes”.

Castillo añadió que “podrían haber serias dificultades en la asignación de campos clínicos, sobre todo para aquellos hospitales que tienen convenios con la norma 18 antigua de 2009 y que se intentó en el año 2011 con la 254 que no tienen cláusula de salida y que es complicado para dichos hospitales suspenderlos de manera abrupta en el curso del tiempo”.

No obstante, opina que tiene aprehensiones respecto del “hecho de definir la función pública de las universidades y referirse al programa educativo y al perfil de egreso y la importancia que tiene la asistencia de la atención primaria”.

Políticas estables en el tiempo

Araya critica los cambios normativos que está realizando actualmente el Ministerio de Salud porque ello no permite que haya estabilidad en el tiempo. “Pienso que debemos planificar entre 10 y 20 años y para ello debemos tener un acuerdo entre todos, y que éstos no sean modificados, reestructurados por cada gobierno y en cada minuto y que no sea un instrumento de utilización política partidista, sino más bien de políticas públicas de Estado”.