El “Primer Informe sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile”, dado a conocer por el Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), entregó interesantes datos sobre la situación de la sexualidad de los chilenos, "tras 28 años de transformaciones y disputas sociociocultales respecto a estas materias", indica el documento. 

La investigación constata que “Chile ha estado inmerso en un rígido escenario conservador en materias valóricas y de derechos que ha significado una serie de disputas políticas ideológicas en los últimos 28 años tales como el divorcio, la prevención del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, el acceso a la anticoncepción de emergencia, la esterilización voluntaria, el reconocimiento de la diversidad sexual, la despenalización del aborto en tres causales, el matrimonio igualitario, entre otros”.

Agrega que las tensiones y debates han provocado variados cambios, como son “la separación de la sexualidad de la reproducción a partir (…) del acceso de las mujeres a los anticonceptivos y de la posibilidad de elegir en qué momento las personas quieren tener sus hijos/as”, indica el estudio.

En ese sentido, el documento de Miles precisa que las “transformaciones han modificado el valor social asignado a la sexualidad y la reproducción, y también han logrado que se incorporen paulatinamente en nuestro país la noción de los derechos sexuales y reproductivos que son reconocidos universalmente como parte de los Derechos Humanos. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva de las personas”.

Pese a los cambios, el informe advierte que “aún existen déficits y problemáticas que no han sido solucionadas ni abordadas” ni en la leyes, ni en las políticas públicas. “Por ejemplo, Chile sigue haciendo parte de los siete países en el mundo que penaliza el aborto y criminaliza a las mujeres; no existe una política de educación sexual con permanencia en el tiempo; desde el año 1974 no se realiza una encuesta sobre fecundidad; el embarazo  adolescente sigue siendo un problema social y de salud pública que conlleva un impacto social, económico y cultural; el acceso a tratamientos de reproducción asistida depende casi exclusivamente de la capacidad económica de las parejas”.

“Aún más, parejas del mismo sexo, mujeres mayores, personas solteras y personas sin pareja no tienen acceso asegurado; no existe conocimiento respecto a la “necesidad no satisfecha de anticoncepción” en la población; existe violencia obstétrica que aún no ha sido considerada en las políticas públicas; se carece de una ley de violencia de género y existen formas de violencia sexual que aún se encuentran insuficientemente documentadas o sancionadas”, redondea la investigación

Detalles

En educación sexual, el documento entregado por Miles precisa que en el país "todavía no se ha logrado generar una política de Educación Sexual con un mínimo de contenidos transversales obligatorios para los distintos establecimientos que sean relevantes para las y los estudiantes. Tampoco ha sido posible aún idear una estrategia que integre a docentes, paradocentes, madres-padres y apoderados, estudiantes, profesionales de la salud por lo que el desarrollo de estos temas sigue dependiendo principalmente de factores locales, como la orientación ético-valórica del municipio o sostenedor a cargo, la importancia que le otorgue cada establecimiento al tema, el número de funcionarios dispuestos a implementar algún tipo de intervención, la existencia de capacitación entre los profesionales del establecimiento y la orientación de la misma, entre otros factores. Aún más no existen directrices para políticas de educación sexual en la educación superior".

Asi, dice que "es fundamental que el gobierno implemente vía ministerial, procesos formales de monitoreo y rendición de cuentas para los programas de educación sexual, en sintonía con un monitoreo social coordinado desde las mismas organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en la educación sexual. Sumado a lo anterior, resulta vital contar con instrumentos de medición y evaluación de resultados que vayan más allá de la elaboración de informes de implementación y buen uso de los recursos, apuntando a señalar los objetivos logrados en base a índices que cuantifiquen las mejoras a corto, mediano y largo plazo tanto en los conocimientos adquiridos por la comunidad educativa, como en el aumento en las acciones de autocuidado, disminución del embarazo y contagio de ITS, disminución de la violencia al interior de las parejas jóvenes, empoderamiento, resolución positiva de situaciones de bullying por causas de orientación sexual e identidad de género y mayor satisfacción con las propias vivencias en el ámbito sexual".

Respecto a embarazo adolescente, el informe de Miles puntuaiza que "sigue siendo un problema social y de salud pública en Chile, que conlleva un impacto social, económico y cultural, resaltando la relación existente entre pobreza, exclusión y fecundidad temprana. Además el embarazo en este grupo etario viene acompañado de distintas formas de violencia, entre ellas violencia sexual. Entre las medidas prioritarias que deben considerar tanto los legisladores como los decidores de políticas públicas, surge la necesidad de legalizar la interrupción de un embarazo no deseado, especialmente en adolescentes y niñas que han sufrido violencia sexual, y producto de este acto ilícito han quedado embarazadas. La legalidad del aborto en Chile no generaría más abortos entre las adolescentes, sino que produciría mayores condiciones de seguridad al sacar esta práctica de la clandestinidad, lo cual puede contribuir a disminuir las complicaciones en el embarazo temprano y la mortalidad materna".

Así también, destaca que "se hace necesario que las políticas públicas tengan un carácter intersectorial, este es uno de los déficits más grande, puesto que después de variadas iniciativas, aisladas unas de otras, no logran construir una base sólida para una política de Estado, más bien hemos asistido a diversos experimentos en los últimos 20 años dependiendo de la voluntad política de los gobiernos de turnos y de las ideologías que tenga los y las ministras de turno".

Respecto a la violencia sexual en nuestro país, el informe de Miles asegura que "si bien en Chile se ha avanzado en materia de equidad de género, no se ha logrado erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Chile. Las leyes deben ser revisadas, así como los reglamentos y protocolos de atención, pues el Estado de Chile está llegando tarde. Existe una violencia institucional del Estado de Chile hacia las mujeres, niñas y adolescentes, mediante normas prácticas y estereotipos discriminatorios, constituyendo una violación a sus derechos humanos".