En la última década las expectativas en salud de la población han tendido a  la búsqueda del grado de satisfacción sobre aspectos no médicos de la atención. Por eso, las autoridades incluyeron en el ámbito sanitario temas relacionados con los derechos y deberes de las personas en su atención en salud.

El primer paso fue a través de una iniciativa que se convirtió en el año 2001, en un proyecto de Ley. La misma, siguió un proceso de desarrollo con redacciones sucesivas surgidas en los años 2006 y 2008. Finalmente, en abril del 2011 se presenta su redacción final y aprobación; después de 11 de años de discusión. 

Larga gestación para la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, y que plantea un conjunto de cinco cuerpos legales complementarios, los que tienen como principal objetivo, asegurar que todas las personas accedan a una atención sanitaria equitativa, eficiente, digna y satisfactoria.

Como tal, propone exigencias que desde el ámbito de la ética, sugieren una especial responsabilidad de parte de los integrantes del equipo de salud y por tanto, desde la dirección de los Servicios; lo que demanda la puesta en práctica de valores, principios, normas y en definitiva el cumplimiento de la Ley.

Luego de su promulgación e implementación, ésta parece estar vivenciando una situación similar al régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), que tras su aprobación en 2004 tomó  5 años de implementación. Las opiniones del personal de los Servicios de Salud coincidieron en manifestar desconocimiento en relación a la propuesta, inseguridad y desmotivación; identificando escasos o nulos espacios de reflexión relacionados al tema.

Hasta el momento la información desde las autoridades de salud, no ha sido suficiente para poder afirmar que la ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, tiene en la actualidad un impacto determinado; especialmente en el ámbito público. Faltan evaluaciones, investigaciones y fiscalización pertinentes que entreguen evidencias en relación al cumplimiento de lo propuesto en la Ley.

El otorgar servicios de buena calidad es un imperativo ético para las personas y organizaciones. Desde esta perspectiva, la iniciativa legal de la Ley espera entre otros, otorgar a los usuarios de los organismos prestadores de salud, un instrumento de conocimiento de los derechos que les asisten y los deberes que sobre ellos recaen en la relación que inicien con los referidos prestadores. Propone así, una exigencia legítima para los profesionales involucrados, lo que implica reactualizar conocimientos y posicionarse debidamente sobre un comportamiento ético y comprometido relacionado, especialmente, con las personas que reciben atención y cuidados en salud.   

La necesidad de una adecuada praxis ética, es indiscutible en todo ámbito de la vida, en especial en el universo del cuidado de la salud. En este sentido, la Ley y su propuesta es una opción viable que requiere y debe ser tomada verdaderamente en cuenta.