Obviamente, no se trata de meras imposiciones, sino que forman parte del cambio cultural que ha experimentado la sociedad y que han tenido expresiones políticas –algunas de ellas mayoritarias– y eventualmente las tendrá en el plano jurídico.

Por lo mismo, las manifestaciones de cambio se expresan en las más diversas áreas: en los símbolos y en las nuevas autoridades, en la futura organización del Estado y en el sistema de gobierno, en la regulación de los derechos fundamentales y la (des)igualdad ante la ley, y en toda una compleja gama de artículos que serán parte de la propuesta que la Convención hará a la ciudadanía al terminar su labor. Si bien se advierten contradicciones y temas complejos, la verdad es que la dirección asumida parece clara y cuenta con los votos necesarios en las comisiones y en el pleno. 

Uno de los temas que ha aparecido en distintas circunstancias en los últimos meses es el derecho de propiedad, en parte por su nueva regulación constitucional y en parte por las señales que ha dado la administración Boric en este ámbito. Y las señales se dirigen a limitar el derecho de propiedad, a hacer menos fuerte su vigencia e incluso a amenazar con vulnerarlo en determinados ámbitos, lo que retrotrae la realidad chilena al ambiente de “propiedad sin libertad” que describe un interesante Enrique Brahm sobre la trayectoria institucional de este derecho en Chile en el siglo XX. Hay tres señales claras sobre la difuminación del derecho de propiedad en la actualidad. Se podría preparar un verdadero “manotazo” a recursos de particulares, así como generar otras divisiones profundas, como ha señalado el elocuente comentario de Tomás Mosciatti, “¿Una Constitución para la guerra” (Bio Bio TV, 26 de marzo de 2022).

El primer ejemplo está expresado en lo que sería la regulación del derecho de propiedad en la nueva Constitución. Por supuesto, la carta consagrará este derecho, pero con una considerable disminución de su protección en relación a la Constitución vigente. Bajo las nuevas normas, la expropiación por causas de utilidad pública o interés general será declarada por el legislador, en tanto el justo monto del pago y su oportunidad será determinado por el legislador. Es decir, se acaba el pago de acuerdo al precio de mercado del bien y con anterioridad a que ocurra la mencionada expropiación, norma que fue establecida precisamente por la experiencia histórica chilena. A esto se ha sumado que la Comisión de Derechos Fundamentales ha aprobado excluir el derecho de propiedad sobre toda clase de concesiones, lo que de aprobarse finalmente tendría consecuencias insospechadas para los inversionistas y para Chile. 

La segunda señal son las manifestaciones del Poder Ejecutivo en torno a los fondos de pensiones y la propiedad personal sobre los ahorros, que tienen quienes han cotizado en las AFP. Aunque fue uno de los argumentos de la izquierda incluso para pedir el retiro del “10%” en distintas ocasiones, la verdad es que las declaraciones ministeriales van en un sentido contrario. El caso más ilustrativo está representado por las declaraciones de la titular del Interior, Izkia Siches, quien sostuvo recientemente: “Si hay algunos que creen que en la medida que la ciudadanía crea que es mi plata y no hay sistema de seguridad social, vamos a salir adelante, me parece fútil, que no sirve y además es profundamente falso”. Con ello criticaba la publicidad de algunas AFP al recordar el concepto “con mi plata”, respecto de los ahorros.

El problema de fondo es que los ahorros sí son de las personas y por eso han podido retirarlas –se puede discutir obviamente la calidad de la política pública– y son heredables. Otra cosa es que sea necesario complementar el ahorro privado para un sistema de pensiones más justo y una mejor calidad de vida de los jubilados que no tengan ahorros suficientes. Esto se ha complementado con la decisión de la Superintendencia de ordenar a la AFP Habitat a suspender su campaña “Yo estoy en Habitat”. En la práctica se trata de una especie de censura que atenta más contra la libertad de expresión que contra el derecho de propiedad, pero tiene su origen precisamente porque recuerda que 8 de cada 10 personas quieren libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas, o por recordar que los ahorros son heredables. 

Finalmente, está el tema siempre presente de las tomas de terrenos o de propiedades en general. Como sabemos, autoridades de gobierno han señalado que no habrá desalojos, con lo cual en la práctica se da una señal muy clara: la propiedad se defiende menos que la posibilidad de que un tercero la ocupe de hecho. Este fue uno de los problemas fundamentales durante el gobierno del presidente Salvador Allende, y fueron los propios partidos de la UP los que advirtieron al MIR que sus vías de hecho eran contrarias al programa. En cualquier caso, en la actualidad el problema no es exclusivo de la administración Boric, sino que se ha extendido durante años, por la vulneración del estado de derecho y la afectación específica del derecho de propiedad.

Por cierto, el derecho de propiedad no es la madre de todas las batallas, pero es muy relevante en la definición de un sistema social y de los ámbitos de libertad que tendrán las personas. Ciertamente, también es definitorio de la marcha de una revolución, precisamente porque quiere cambiar el orden existente. No es casualidad que Marx incluyera en la página final del Manifiesto Comunista (1848) una advertencia decisiva: “En todos estos movimientos destacan el problema de la propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos desarrollada que pueda haber adoptado, como el problema fundamental del movimiento”. Puede ser esa la interpretación que den algunos a la frase elocuente de Gabriel Boric al triunfar en las primarias de Apruebo Dignidad: Chile, que fue la cuna del neoliberalismo, será también su tumba. O puede ser otra cosa, pero es evidente que algo no cuadra entre la propiedad y la discusión política y constitucional actual. 

Se podría argumentar que algunos exageran en este tema, que no está en la cabeza de la coalición gobernante proceder a expropiaciones: ni de concesiones, ni de ahorros previsionales, ni de casas o terrenos. Si es así –realmente y no como excusa política– la solución es muy simple: reforzar esos derechos en la nueva carta fundamental, terminar con las señales equívocas o derechamente expropiatorias, permitir la libertad no solo de exponer una propaganda que dice la verdad, sino precisar la propuesta propia sobre pensiones, y terminar con la incertidumbre creciente en este ámbito. Nada tan difícil como para seguir llenando de confusiones el camino.

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