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Calidad, gratuidad e inclusión social
Sobre el 70% de nuestra matrícula, que llega a 27 mil estudiantes, proviene de hogares vulnerables con hijos primera generación en la universidad, que en su mayoría gozan de ayudas económicas.
Jueves 13 de septiembre de 2018
Agregar calidad a la gratuidad como un desafío del sistema universitario es el modo lógico de avanzar en inclusión social, señala un reciente editorial de diario El Mercurio. Y tiene razón. La gran falla de la reforma a la Educación Superior es que no contempló medidas para avanzar en calidad. La gratuidad solo se asocia a la condición social y no al mérito de los estudiantes.
Por el lado de las universidades acreditadas que quedaron al margen de la gratuidad, la experiencia que se menciona sobre universidades que han establecido becas del 100% del arancel para el segmento de bajos ingresos, asociadas al puntaje PSU, es una medida en la dirección correcta.
Nuestra Universidad ha adoptado un esquema similar, con becas escalonadas según mérito académico y gratuidad para estudiantes por sobre los 700 puntos. Un 15% de los ingresos se destina a estas ayudas económicas, con un impacto social de vasto alcance. Sobre el 70% de nuestra matrícula, que llega a 27 mil estudiantes, proviene de hogares vulnerables con hijos primera generación en la universidad, y que en su mayoría gozan de este beneficio. Asimismo, nuestra fuerte presencia regional en el sur de Chile nos da la posibilidad de fortalecer la descentralización del país e igualar las oportunidades de acceso a mejores condiciones de vida para miles de familias en Concepción, Valdivia y Puerto Montt.
La inclusión y el mérito en la Educación Superior deben ir de la mano cuando se trata del destino de recursos públicos que tienen usos alternativos, por ejemplo, en la educación infantil y escolar. Por desgracia, eso no estuvo presente en la discusión de la ley sobre financiamiento de la gratuidad y por ello es destacable el esfuerzo de inclusión social que hacen las universidades no adscritas a este sistema para bajar las barreras económicas a estudiantes meritorios excluidos de la gratuidad y que pertenecen a segmentos socioeconómicos medios y bajos.
