Chile se ha convertido en un país único en el contexto mundial. Las últimas semanas diversas Cortes de Apelaciones del país han acogió el recurso de protección que paralizan la vacunación contra el papiloma virus humano (VPH), argumentando que se debía entregar la información de los efectos adversos de la vacuna.

Estas resoluciones han sido criticadas ampliamente por organismos internacionales, como la OMS, dado los riesgos en que se deja expuesta a la población por este tipo de acciones y además  deja en evidencia el nivel de desconocimiento que existe sobre el tema, en especial de personas que toman las decisiones sin tomar en cuenta la numerosa evidencia que existe sobre esta materia.

Al ser el cáncer cevico-uterino una patología que está asociada directamente con la infección de algunas cepas del virus papiloma, la vacuna contra el VPH se transforma en una poderosa arma contra una de las patologías que más impacto tiene en la población femenina en el mundo. Esta vacuna, que ha sido aplicada por más de una década en algunos países, ha mostrado que disminuye dramáticamente la incidencia de este tipo de cáncer, con un efecto directo en la salud pública.

No es posible que se nuestras autoridades desconozcan las numerosas evidencias científicas sobre esta vacuna, sólo por tener una relevancia mediática y figurar en tiempos de campaña electoral. Los costos monetarios y personales que trae este cáncer a una mujer y a su entorno cercano son altísimos, por lo que hace incomprensible que una medida impuesta por la Corte atente directamente sobre la salud pública de miles de personas en nuestro país.

Hay que ser concretos en este tema: la población más vulnerable del país es la que sufre de forma más grave esta patología y las políticas públicas de vacunación van en la dirección correcta en pos de la equidad en la salud de nuestro país.