Los chilenos nos vemos a nosotros mismos como pioneros e innovadores, pero en innumerables temáticas hemos sido de los últimos en sumarnos al cambio que se ha vivido internacionalmente. Aunque los temas valóricos son los que encabezan esta lista, también tenemos un avance particularmente lento en temas políticos. Un ejemplo claro de ello es el voto voluntario.

El obsoleto sistema de “inscripción facultativa, voto obligatorio” generaba que las personas se sintieran forzadas a votar en cada elección, sin perjuicio de si realmente querían hacerlo, si estaban informadas, o si había algún candidato que las representaba. Por otro lado, aquellas que no estaban interesadas en la vida política no tenían derecho a votar en alguna elección que sí les interesara. Es así como el 2012 se publica la Ley Nº 20.568, que regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones, más conocida como “Ley de inscripción automática y voto voluntario”. Finalmente, comenzada la segunda década del siglo XXI, entregamos a nuestros ciudadanos –al menos a los que viven en Chile– la posibilidad de ejercer un derecho constitucional, sin ataduras.

Debido a la fuerte abstención en las últimas rondas electorales se han escuchado muchas voces detractoras del voto voluntario, incluso a varios políticos arrepentidos de haber cambiado el sistema. Las razones son numerosas: desde que votar es un deber cívico hasta que las elecciones no son representativas por la poca concurrencia. Pero votar es un derecho que mucho le costó recuperar a la generación anterior a la mía y que muchos países actualmente sueñan con tener. Pero eso no lo convierte en deber. Nuestra Constitución señala claramente en su artículo 13 que es la calidad de ciudadano la que otorga el derecho de sufragio, y ciudadanos son los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Es decir, todo chileno que cumpla esos simples requisitos puede votar (énfasis en ‘puede’, ya que la Constitución no exige hacerlo).

Con ello aclarado, creo que elegir a nuestros representantes es un derecho que deberíamos querer ejercer. Votar es la única manera de poder generar cambios, porque aunque las marchas tengan más visibilidad, al final tienen menos resultados, y porque es un honor sentir que el futuro del país pasa efectivamente por nuestras manos.

Por lo anterior cuesta entender por qué hay personas que prefieren no votar. Hay quienes no saben nada de política y no tienen tiempo ni ganas de aprender. Hay muchos que jamás han escuchado un debate y menos aún han leído un programa de Gobierno. Incluso algunos piensan que votar es validar un sistema en el que no creen. Entonces es de toda lógica que el Estado no obligue a votar a alguien que no conoce en lo más mínimo a los candidatos o que derechamente no quiera hacerlo. Era perverso que la ley obligara a estas personas a emitir un voto, el que tendrá el mismo peso que el suyo, mi informado lector.

Chilenos en el extranjero

Pero aunque este fue un enorme triunfo para la democracia, aún nos quedaban desafíos importantes. Uno de los mayores era el voto de los chilenos en el exterior, tema aún más controversial que el del voto voluntario. Se alzaron voces contrarias señalando que ello sería un peligro, ya que el voto de quien vive en el extranjero sería ideológico y se decidiría fuera del contexto interno.

Pero en este mundo globalizado es imposible sostener que porque un chileno no resida en Chile deja de tener vínculos con el país. Quienes están afuera representando al país en instituciones públicas o privadas, o quienes están estudiando (especialmente aquellos con fondos públicos, cuyo requisito es volver a Chile al obtener el nuevo grado académico) tienen tanto interés como cualquier chileno residente, tal vez aún más. Y aquel que se haya ido y no tenga vínculos con el país, probablemente no quería votar por falta de interés.

Luego de años de discusión, el 2014 se publica la Ley N° 20.748, que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera de Chile, modificando la Constitución, estableciendo que “los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales”.

Señala, asimismo, que una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero. La ley N° 20.960 que regula el derecho a sufragio en el extranjero se adopta en 2016, otorgándole el derecho a voto a cerca de 450 mil chilenos que viven alrededor del mundo, y sumándose a los aproximadamente 120 países que tienen este derecho. La ley establece que los chilenos en el extranjero que deseen votar deben inscribirse en el consulado correspondiente a su domicilio. Más de 39 mil compatriotas que viven en el extranjero lo hicieron y pudieron votar en estas elecciones presidenciales.

Paso a paso

Cabe recordar que hasta la Constitución de 1833 solo podían votar los hombres con una edad mínima de 25 años en caso de estar solteros y 21 si estaban casados, que sabían leer y escribir, y que tuvieran patrimonio. En 1888 se eliminan los requisitos censitarios, exigiéndose solo tener más de 21 años y saber leer y escribir.

En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, y en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias, pudiendo ejercer el derecho por primera vez en la elección presidencial de 1952. Recién en 2017 se reconocerá a los chilenos en el exterior su derecho al ejercicio pleno de su calidad de ciudadanos.

Y hoy aún nos quedan retos. Entre ellos, el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad. Según cifras del Servel, 91% de ellas están habilitadas para votar e incluidas en el padrón de estas elecciones. Pero por el hecho de no poder concurrir a sus mesas, no poder ser cambiados de mesa sin cambiar sus domicilios electorales, y la imposibilidad del Servicio de establecer mesas especiales al interior de los recintos penitenciarios, no pueden ejercer su derecho constitucional.

Sin perjuicio de los desafíos que recaerán en las autoridades que elegiremos, lo importante hoy es informarse y votar. Si nadie representa sus convicciones, vote nulo, pero si puede, vote. La obtención de este derecho humano en Chile ha costado largos años, sobre todo para algunos, así que no desperdicie la oportunidad de cambiar el futuro del país.