La misión de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), organismo dependiente del Ministerio de Salud, es intermediar la adquisición de insumos, medicamentos y vacunas para los beneficiarios del sector público. Su financiamiento es una modesta comisión que cobra por la tarea. No tiene aporte fiscal más allá de lo que recaude por su trabajo.

Su historia ha estado plagada de conflictos, irregularidades, mal funcionamiento y, en definitiva, la pérdida de su misión. En los últimos años se hicieron gestiones significativas por mejorarla. De esta manera, se disminuyó la deuda, se consolidaron los procesos de licitación, se terminó con el bodegaje y distribución propios, que era una fuente de "merma", obsolescencia de productos y pérdida de confianza. Paulatinamente, las licitaciones se ordenaron, se obtuvieron ahorros significativos para el Estado, y el número de municipios y servicios que licitan a través de Cenabast aumentó.

En un camino progresivo se asignó puntaje a la bioequivalencia para garantizar que los medicamentos contarán con un nivel de seguridad acorde al efecto que se espera de ellos.

Estos cambios se tradujeron en una fenomenal ventaja para las compras públicas, que ha sido ampliamente documentada y reproducida en los medios de comunicación durante las últimas semanas, reduciendo el valor de los medicamentos, hasta 1/10 del precio de mercado.

Viendo una oportunidad política, se alentó la generalización de este modelo a farmacias populares, sin ningún cambio legal, discusión legislativa, revisión de las capacidades de Cenabast y menos su financiamiento; peligro ya advertido por Hacienda, toda vez que nuevamente la deuda de la institución va en aumento, excediendo los $50 mil millones. El 20% de esta deuda es de municipios que deben entregar la mayoría de estos fármacos en forma gratuita a través de los centros de salud que administran. Curiosamente, y en una política regresiva, se da la oportunidad ahora que los beneficiarios de Fonasa A y B, que no lo reciben a pesar de que por ley les corresponde, los puedan adquirir "a precios Cenabast" en la farmacia que el propio municipio ha dispuesto en otro sitio, duplicando los costos de administración. Esto, a pesar de que la Ley de Presupuesto entrega los recursos para que la farmacia del centro cumpla con esta garantía.

Los proponentes de estos nuevos modelos, con la mejor intención, ya han vivido que Cenabast no puede entregarles lo que piden, que para recurrir a sus servicios primero deben cancelar sus deudas, y que el número de fármacos que puedan ser intermediados es bajo y sujeto a empaquetar la demanda en una solicitud conjunta, importante y solo una vez al año.

Predeciblemente, todo lo que se ha logrado con Cenabast, ampliamente reconocido, sufre ahora el embate de la retroexcavadora. Pareciera que la pregunta es: si algo funciona bien, ¿por qué no lo destruimos? Las consecuencias son obvias. Por no hacer buenas políticas, basadas en datos, en experiencia, en estudios, y consensuadas en el Parlamento, los hospitales gastarán más, los precios logrados hasta ahora no se repetirán, los pacientes encontrarán menos medicamentos en los consultorios y el modelo fracasará.

Ojalá ocurra después de las re-elecciones municipales, porque, de verdad, de esto se trata el asunto. Faltan solo 270 días. Mientras tanto, el ministro Valdés tiene otro problema.