El Ministerio de Salud ha informado una caída en el número de trasplantes de órganos durante el 2015. Mala noticia para una técnica probada en nuestro país para enfermedades terminales que pueden afectar al hígado, pulmones, corazón y riñones. También es un daño económico. Todos los estudios demuestran que un trasplante mejora la sobrevida, la calidad de vida y ahorra costos.

La explicación para esta caída, se ha dicho, sería la negativa de los familiares para que un potencial donante se convierta en un donante efectivo. A mayor abundancia, algunos parlamentarios pretender legislar para que la opinión de los familiares no sea tomada en cuenta en el caso que el pariente en estado de muerte cerebral no haya manifestado en vida, y ante notario, su voluntad de no ser donante. Así dicho, en un país en que la falta de educación en salud ha llevado a que cerca de 4 millones de compatriotas hayan manifestado su voluntad de no ser donantes, se pretendería que aquellos que no se han negado a priori, se asuma que sí deseaban ser donantes y que se les extraigan órganos a pesar de que los familiares se opongan. Esto es válido legalmente, de acuerdo a la Ley de Trasplantes; pero llama la atención la falta de prolijidad para analizar el tema y la facilidad para proponer remedios que resultarán peor que lo que se pretende resolver.

La donación se basa en la confianza que el sistema es justo y funciona bien, que es gratuito, que no se propiciará la muerte de un potencial donante y que la expresión de la familia, como subrogada de quien no puede ya manifestar opinión, será escuchada y respetada. La experiencia con las "Directiva Avanzadas" o "Testamentos Vitales" demuestra que la voluntad de las personas es cambiante y es perfectamente posible que alguien que incluso no haya firmado su declaración de no donante exprese a su entorno su voluntad de no serlo.

El problema con la donación de órganos es estructural: no hay campañas bien pensadas, los equipos de procuramiento están desmantelados, no se dio presupuesto para financiar al menos la extracción de riñones, como había propuesto el Consejo Consultivo del AUGE. Los equipos médicos de trasplante en los principales hospitales públicos se han desarmado, incidiendo fuertemente en la capacidad de esos mismos centros, sobre todo en la Región Metropolitana, de interesarse en trasplantar. Incluso, la conversación con familiares de un potencial donante se ha dificultado porque el personal seleccionado para esta tarea ha debido asumir otras responsabilidades no contempladas en sus contratos.

Resulta imposible concebir que un cirujano proceda a la extracción de órganos frente a una familia que se opone y que tardará minutos en interponer un recurso de protección. Así lo han declarado ya prestigiosos especialistas.

Legislar en salud es un tema complejo cuando no se tienen evidencias, o no se analiza en profundidad las variables sociológicas y psicológicas del problema en cuestión. La ley debe estar basada en datos. Baste recordar el bochornoso episodio del Parlamento prohibiendo el uso de un preservante de vacunas en base a información proveniente de un fraude y a pesar del consejo de la Organización Panamericana de la Salud. Chile puede mejorar sus cifras de trasplante. Para ello, lo único que con certeza no se requiere, es una nueva ley.