Hace unas semanas una agrupación de pacientes se dio cuenta que en 40 de las 80 patologías cubiertas por el Plan Auge había un error en el cálculo, que incrementaba el copago de futuros pacientes. Esta situación dejó en evidencia no sólo una grave desprolijidad por parte del Ministerio de Salud, sino una falla en toda la cadena de la administración pública. 

La dictación de un decreto -como el que modifica el Auge- sigue un proceso que involucra al Ministerio de Salud, Fonasa, la Dirección de Presupuesto (Dipres), Ministerio de Hacienda, hasta la firma presidencial y la toma de razón por parte de Contraloría.

Pero aquí hubo un error en todo el proceso. Y al quedar en evidencia, la responsabilidad administrativa quedó sólo circunscrita al jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece) del Ministerio de Salud y la encargada de la Secretaría Ejecutiva del Auge, quienes fueron removidos de sus cargos. ¿Y qué pasa con la responsabilidad de Fonasa y la Dirección de Presupuestos?, entidades encargadas de velar por el correcto uso de los recursos públicos y los que hacen los cálculos financieros del impacto de todos los programas de salud. ¿Nadie se dio cuenta?¿Cómo un error de estas características -con serias consecuencias para los pacientes- , pasa inadvertido por tantos profesionales técnicos? ¿Cómo es posible que la responsabilidad exigible -al menos públicamente-, sea sólo administrativa?

Para ahondar en el problema, las autoridades de Salud cuando deben dar cuenta de esta situación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con absoluta carencia de vergüenza, responsabilizan de este hecho a la administración anterior, como si el espíritu de las ex autoridades de la cartera rondara por los pisos de Mac Iver 541. Una manera poco ética de tapar equivocaciones.

Se consideró por parte de los parlamentarios, que para dirimir las responsabilidades en este caso, se necesitaba crear una comisión investigadora, pero en definitiva con ello sólo se ha conseguido dilatar la responsabilidad de esta negligencia. Los errores hay que enmendarlos y corregirlos rápido y sin excusas que morigeren la inoperancia e ineptitud.

Preocupa que haya una manera de administrar sin control ni gestión y un silencio culposo carente de responsabilidad política. Es una manifestación patente de ineficiencia, pero lo que es grave es que pone en tela de juicio una de las políticas públicas en salud más importantes de la última década.

Hoy muchos pacientes están preocupados de si su patología está implementada de forma correcta, si tienen cobertura financiera o si tienen que colocar más recursos de su bolsillo para costear su tratamiento. ¿Qué respuesta se les da a las personas?

En este caso hay responsabilidad administrativa y política. El estricto apego a normas de rigurosidad y el actuar en consecuencia debe ser inflexiblemente preservado aun cuando se perciba como debilidad. Aquí la falla técnica ha socavado profundamente la confianza de un sistema como es el Auge, una de las más importantes innovaciones sanitarias en los últimos 10 años. Un proceso que daba garantías, respecto al cual la rigurosidad profesional era una responsabilidad liderada y coordinada por el ministro sectorial y no al revés.