La semana pasada la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y la Corporación de Asistencia Judicial organizamos, en la ciudad de Punta Arenas el seminario: “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Propuestas y buenas prácticas”.

En la apertura del evento tuve la oportunidad de referirme a la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile el año 1990 y recién, después de 25 años, en 2015, se enviaba un proyecto de ley por el gobierno que pretendía adecuar la legislación chilena a dicha Convención, proponiendo además la iniciativa de crear una Subsecretaría de la Niñez, la que permitiría articular a las diversas instituciones y servicios vinculados a la infancia y así hacer más eficientes las políticas públicas relacionadas con los niños, niñas y adolescentes. 

Resulta lejano dicho evento. Más aún cuando el Servicio Nacional de Menores (Sename), se enfrenta a una crisis tan profunda, que hacen sonar las palabras de la Presidenta solo como una declaración de buenas intenciones. 

El remezón se generó cuando la Ministra de Justicia Javiera Blanco entregó un informe solicitado por el diputado René Saffirio con un dato desgarrador: 185 niños dependiente de las instituciones del Servicio Nacional de Menores han muerto en el transcurso de la última década. 

Fue tal el impacto de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados conocida como Sename II (debido a que su mandato era comprobar cómo el gobierno ha atendido las conclusiones de la comisión anterior conformada en 2014), que los asistentes hicieron un minuto de silencio por estas 185 víctimas. El parlamentario detalló que entre los años 2005 y 2015 murieron un total de 185 niños, 134 de los cuales fallecieron en recintos de salud, pero no se especificó en qué recintos permanecían bajo la protección del Sename y utilizó duras expresiones para referirse a la Ministra, cuestionando que la titular de Justicia haya tomado la decisión de sacar al Director del Sename, porque se fugaron 19 menores de Arica y no haya tenido una sola palabra respecto de las 185 muertes. 

Muchas veces, cuando utilizamos cifras para describir un drama no logramos entender su dimensión, de ahí que debemos recordar la muerte de Lissette, una niña de 11 años que en abril pasado falleció en el CREAD Galvarino de Estación Central. Consultada la ex Directora del Sename, Marcela Labraña, sobre las razones del fallecimiento, señaló que “se debió a un paro cardiorrespitorio por un agudo cuadro de angustia”. 

La Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) y médicos de la institución desestimaron que la muerte de Lissette pudiera obedecer a una inestabilidad emocional. Los cuestionamientos del Centro son de larga data: falta de espacio, lo que lleva a que muchas veces se deban juntar niños con niñas para dormir en los mismos dormitorios. Hay serios problemas de hacinamiento, a lo que se suma falta de personal. Violaciones, suicidios, negligencias, como la muerte de una lactante de 10 meses fallecida durante la noche del 24 de enero de 2014 producto del ahogo con su propio vómito y encontrada a la mañana siguiente por dos funcionarias, no son hechos inhabituales; así como la muerte de Daniel, de 17 años, producto de 18 puñaladas al interior de uno de los centros. 

Estamos en presencia de flagrantes violaciones de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Chile, cuestión que el INDH debería también preocuparse. No he escuchado una palabra de condena al respecto. Desde 2007, el Comité para la Convención de los Derechos de los Niños de ONU ha sugerido al Estado de Chile, entre otros temas, que se incorpore plenamente el principio del interés superior del niño en todos los programas, políticas y procedimientos judiciales y administrativos y se aplique el principio del respeto de la opinión del niño, y promueva y facilite la participación de éste en todos los asuntos que le afecten. 

El Comité recomienda que Chile siga promoviendo la colocación en hogares de acogida como forma de tutela alternativa y que el ingreso en ellas se utilice solo como medida de último recurso. También señala que se asignen suficientes recursos y se vele por el buen funcionamiento y supervisión de estas instituciones de guarda y que se proceda a una revisión periódica de las colocaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención. Derechos vulnerados sin consideración por nuestro país. 

Esto es una infracción gravísima al inciso 2º del artículo 5 de la Constitución que establece que los órganos del Estado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, SENAME) deben respetar y promover los derechos humanos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (Convención de los Derechos del Niño). 

Desde la perspectiva jurídica legislativa están las herramientas y las autoridades que deben cumplirlas. Mejoremos la legislación, pero al fin de cuentas son las buenas administraciones las que hacen la diferencia. Para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir necesitamos responder, con sinceridad, especialmente las autoridades del país, a la pregunta: ¿queremos como sociedad avanzar efectivamente en la defensa y protección de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes? Si es así, hagamos las cosas bien, este Chile no quiere más niños, niñas o adolescentes muertos por negligencia inexcusable de quienes los tenían a su cargo.