A los temas ya conocidos del sector salud como el incremento de la deuda hospitalaria y de las listas de espera, la Contraloría General de la República, dio a conocer dos reveladores informes con una completa radiografía de los principales desafíos de gestión de los prestadores públicos de salud. 

Dispuso ante los parlamentarios y la ciudadanía, un listado de factores que incide en dicho escenario, tales como deficiencias en gestión de cobranza, el desconocimiento de los costos reales de las prestaciones, falta de control de las jornadas laborales de los profesionales, gastos sin respaldo y conflicto de interés en contratación de las sociedades médicas, entre otros.  Precisar y diseñar las soluciones es un desafío sumamente difícil y mandato directo de gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

La enorme ineficiencia operacional del sector en la gestión del capital humano, donde el número de funcionarios y su correspondiente gasto ha crecido a una velocidad mucho mayor que la oferta de servicios a la población, es un primer desafío, pues en los últimos cinco años la dotación de personal en los servicios de salud ha crecido un 27%, y el gasto se ha incrementado un 85% en el mismo período. 

Este mayor gasto está condicionado por múltiples factores; por ejemplo, el costo de los permisos por licencias médicas. Estos constituyen un ítem importante ya que los funcionaros del sector salud tienen en promedio 22 días de licencia al año, muy por encima de los 9,9 días por beneficiario en las isapres; pero también por sobre la meta de 18 días/año/funcionario establecida por el mismo Ministerio de Salud, consciente de que sus funcionarios utilizan más licencias que el promedio nacional. 

Naturalmente esta situación requiere por parte de los administradores la contratación de reemplazantes idóneos para cumplir dichas funciones, y de esa manera evitar limitaciones en su capacidad de oferta de servicios a la población, convirtiéndose en un obvio y grave problema de gestión de recursos humanos. 

El dilema es discernir si estamos ante un abuso y relajación en el uso de este beneficio, o realmente los funcionarios de la salud están afectos a casi el doble de riesgo de enfermarse con condiciones que requieran licencia respecto del resto de los chilenos (trabajadores agrícolas, construcción, minería, pesca, etc).  Un primer indicador “curioso” es que son significativamente mayores los lunes disminuyendo a lo largo de la semana, y que se concentran especialmente entre funcionarios de 24 y 34 años. 

Adicionalmente, un informe de la Subsecretaria de Redes Asistenciales revela diferencias significativas entre los distintos Servicios de Salud del país: los más altos promedios corresponden al S.S. Metropolitano Central con 27,5 días/año seguido por el Metropolitano Norte con 27,3. En el otro extremo, el Servicio de Salud de Valdivia requirió 11,3 días/año y el de Reloncaví 16,1. 

Esta realidad implicó en 2015 un gasto de M$91.581.907, en circunstancias que  el  presupuesto original era de M$ 50.993.212. Ante esta situación resulta difícil no pensar que estamos frente a un abuso de licencias médicas curativas. Ciertamente es dificultoso para un médico negarse a “ayudar” a un funcionario con el que trabaja cotidianamente o incluso, del cual depende para cumplir sus propias funciones. Sin embargo, el persistir en esta situación, perpetúa una severa ineficiencia en el uso de los recursos. Esta es una muestra de un aspecto a mejorar en la gestión del Sector Salud.