La comisión de Salud del Senado solicitó a un equipo técnico, con representantes de cada parlamentario, que los asesorara en la tramitación del proyecto de ley corta de Isapres. Su mandato era proponer modificaciones a dicha iniciativa, que permitieran implementar los fallos de la Corte Suprema, sin que ello generara una quiebra masiva de aseguradores que afectara a todo el sistema, como ocurriría si se aplicaban los fallos de manera literal. Si bien el objetivo era difícil y había escepticismo, la revisión del informe final muestra una posible y razonable salida a la encrucijada.

Destaca la visión de largo plazo y de Estado y el sentido de realidad de los comisionados, quienes, entendiendo la importancia de no poner en riesgo la salud de la población (y resistiendo caer en posturas maximalistas), analizaron de manera profunda y objetiva cada ámbito del sistema de salud afectado. Lo anterior les permitió converger unánimemente en propuestas tan relevantes, como el establecimiento explícito de los principios de la seguridad social a los recursos asociados a la cotización de 7%, como lo ha venido señalando en sus diversos fallos la Corte Suprema, emulando lo que ocurre en los países que tienen sistemas de salud más desarrollados y con mejores resultados. En consecuencia, se plantea normar la relación entre aseguradores y prestadores de salud, buscando mayor eficiencia del gasto, por ejemplo, avanzando hacia mecanismos de pago que premien la solución de un caso, en lugar de pagar por separado por cada atención. Esto potencia la prevención de los problemas de salud y, cuando ello no es posible, la resolución o control de éstos, con foco en las personas.

Se valora la transparencia y claridad con que se explica el impacto -y las propuestas para abordarlo- de cada uno de los fallos judiciales. Es ilustrativo entender que eliminar el cobro a niños menores de dos años del plan de salud genera un vacío en su financiamiento. Según se indica en los fallos, su atención debiera estar cubierta por las garantías explícitas en salud (GES), implicando que la prima GES deberá aumentar su valor para asumir este costo. Si bien se insinúa un monto aproximado de dicho aumento, responsablemente se delega su cálculo a la institucionalidad correspondiente. En ese sentido, y el informe lo señala explícitamente, los montos presentados de deudas y devoluciones son estimaciones gruesas que pueden y deben ser revisados por las entidades a cargo; además, son un piso, dado que no consideran las potenciales devoluciones asociadas al fallo GES. Apresurarse en juzgar un monto sería equivocado.

En conclusión, si bien el informe no se hace cargo del problema de arrastre de sostenibilidad del componente privado de salud (y que no era parte del mandato), presenta una salida concreta a la situación actual, con claros pasos a seguir, otorgando certidumbre a las personas. Es un trabajo que vale la pena considerar y analizar seriamente y no utilizarse para obtener réditos políticos de corto plazo de uno u otro lado.

Ver columna de opinión en La Tercera